bloqueo web espanya

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“Está usted intentando acceder a un sitio web ilegal.”

Este es el mensaje que más de un usuario en España se ha encontrado recientemente al intentar entrar en algunas páginas web. Y no, no estamos hablando únicamente de webs de descargas, ni del polémico bloqueo de URLs que ha estado implementando Telefónica en nombre de LaLiga.

Hablamos de un listado oficial, publicado en la web del propio Ministerio de Cultura, con 332 dominios web censurados en España.

Sí, has leído bien: 332 páginas bloqueadas por el Gobierno, sin contar las que se añaden (y desaparecen) temporalmente cada fin de semana por cuestiones judiciales.

La censura digital del siglo XXI

Vivimos en una era en la que la censura ya no se basa en quemar libros ni en prohibir publicaciones. Ahora, la censura se hace por DNS. Por red. Por IP. Y en muchas ocasiones, sin que el ciudadano medio tenga ni idea de que está ocurriendo.

Este nuevo listado de webs bloqueadas (ES/PDF) ha sido publicado por el Ministerio de Cultura y Deporte dentro de su sección dedicada a la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. En concreto, está gestionado por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, un organismo creado en 2012 con el objetivo de facilitar la eliminación de contenidos que infringen el copyright sin tener que pasar necesariamente por un juzgado.

Un procedimiento administrativo que, aunque tiene respaldo legal, plantea muchas preguntas sobre su transparencia, eficacia… y sobre sus consecuencias colaterales.

332 webs censuradas (y una de ellas es AWS de Amazon)

En el listado podemos encontrar de todo.

Desde las clásicas sospechosas habituales como The Pirate Bay, Zippyshare, Elitetorrent, Snapsave.io o Photocall.tv, hasta sorpresas que dejan el ceño fruncido a cualquiera: aws.amazon.com.

Sí, has leído bien. El portal de servicios web de Amazon aparece como una de las webs censuradas.

¿Está el Gobierno español acusando a Amazon de infringir derechos de autor? En realidad, no. El matiz aquí es clave: no están bloqueando Amazon, sino a los servicios que se alojan en su infraestructura.

Lo que ocurre es que, al no poder identificar con precisión al infractor (por estar escondido detrás de una CDN, usar IPs compartidas o por no tener datos de contacto claros), se acaba señalando al proveedor de servicios para que colabore. Y si no colabora (o no colabora lo suficientemente rápido), se le mete en la lista de bloqueables.

Un sinsentido que, en la práctica, puede dejar sin acceso a servicios perfectamente legales.

Cuando bloquear una web significa cargarte medio internet

Y eso es, precisamente, lo que ha pasado. El ejemplo más reciente lo vimos la semana pasada.

La plataforma Banda Ancha recogía incidencias de usuarios que no podían acceder a Amazon Prime Video (ES) desde operadores como Digi. El error que aparecía era el ya conocido: «Esta dirección IP ha sido bloqueada en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia de 18 de diciembre de 2025».

¿El motivo? Coincidía con un partido de Segunda División.

Pero aquí viene el giro: LaLiga negó haber bloqueado esa dirección IP de AWS, y nadie ha asumido la autoría del bloqueo. Ni Telefónica, ni los jueces, ni el Ministerio, ni los operadores.

Es un caos.

Y es un caos que se carga la neutralidad de la red, afecta a servicios legales y crea una sensación de inseguridad jurídica digital cada vez mayor.

Un sistema roto: cuando bloquear no sirve para nada (o sí, pero mal)

Volvamos al listado del Ministerio.

Aunque esté presentado como un registro oficial de webs bloqueadas, lo cierto es que buena parte de ellas siguen operativas simplemente cambiando de dominio.

El caso de The Pirate Bay, por ejemplo, es de sobra conocido: cambian de extensión (.org, .to, .se…) y siguen funcionando. Y lo mismo ocurre con muchos portales de libros, películas o torrents.

En realidad, bloquear URLs es un juego del gato y el ratón, donde las webs piratas simplemente cambian de nombre, usan mirrors o redireccionamientos y siguen funcionando sin problemas para quien sabe buscarlas.

Lo que sí logran estos bloqueos, sin embargo, es molestar al usuario medio, frenar el acceso a webs legítimas que usan las mismas infraestructuras, y poner palos en las ruedas a la innovación digital.

El caso de LaLiga (y cómo agrava aún más el problema)

Ya hablé en otro artículo del modelo de censura exprés que se aprobó para que LaLiga pudiera bloquear directamente servicios web durante los partidos, sin necesidad de autorización judicial inmediata.

De hecho, lo hablamos incluso con Borja Adsuara, en la entrevista que le hice.

Este sistema, que permite bloquear IPs en tiempo real, se suma al caos que ya plantea el listado del Ministerio.

En otras palabras: tenemos dos sistemas paralelos de censura digital en España. Uno administrativo (el del Ministerio de Cultura), y otro judicial/deportivo (el de LaLiga). Ninguno de los dos especialmente transparente. Ninguno de los dos especialmente eficaz. Y los dos, sumados, creando un entorno cada vez más opaco y problemático para la navegación en internet.

El problema no es la lucha contra la piratería, es cómo se hace

No me malinterpretes: no estoy defendiendo que se deba permitir libremente la distribución de contenidos protegidos por derechos de autor. La propiedad intelectual es importante, y hay que protegerla.

Pero lo que no puede ser es que se use la excusa de la piratería para crear mecanismos de censura sin control, que afectan a toda la ciudadanía.

Cuando bloqueas por DNS una IP de Amazon porque alguien ha subido un capítulo de una serie a un subdominio que usa esa IP, estás castigando a todos los servicios legales que comparten infraestructura con ese infractor.

Cuando permites a una organización privada como LaLiga que pueda solicitar el bloqueo en tiempo real de una dirección, sin garantías de veracidad ni transparencia, estás abriendo la puerta a abusos.

Y lo peor de todo es que, aunque bloquees una web, los infractores seguirán encontrando la forma de distribuir contenido. Lo único que consigues es hacer la vida más difícil al ciudadano medio, al que usa Prime Video, al que aloja su web en AWS, o al que quiere acceder a un contenido perfectamente legal pero que ha sido bloqueado por error.

¿A dónde nos lleva esto?

Este tipo de medidas nos acercan peligrosamente a un modelo de internet fragmentado, con contenidos accesibles solo para algunos, con servicios bloqueados sin explicación y con usuarios cada vez más desconfiados de sus operadores y de sus instituciones.

Lo que está ocurriendo en España con los bloqueos por copyright y por eventos deportivos no es un caso aislado. Es parte de una tendencia global de control del contenido online, donde los derechos digitales del usuario quedan sistemáticamente por detrás de los intereses de grandes corporaciones.

Y lo peor es que ni siquiera se está haciendo de forma eficaz.

Entonces, ¿qué podemos hacer?

Como usuarios, poco más que protestar, usar VPNs o cambiarnos de DNS para sortear bloqueos. Como empresas, tener muy presente dónde alojamos nuestros servicios y cómo podrían verse afectados por decisiones ajenas. Como profesionales del mundo digital, toca levantar la voz, denunciar estos abusos y pedir que se legisle con cabeza y con respeto a los derechos fundamentales.

Desde mi posición como consultor en presencia digital y reputación online, veo cada vez más casos de clientes cuyos negocios se ven afectados por errores o bloqueos mal gestionados.

Y créeme: lo que está en juego aquí no es solo el acceso a una web de torrents, sino la arquitectura misma de un internet libre, neutral y funcional.

¿Tú también te has encontrado con webs bloqueadas que no deberías tener restringidas? Cuéntamelo en comentarios o escríbeme si quieres analizar el impacto que estos bloqueos pueden tener sobre tu negocio online.

Porque sí: en la era digital, tu presencia online también puede ser víctima de una censura mal entendida.

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