Vuelve a estar en juego el futuro del anonimato en la red. Esta vez, a partir del acoso a la dirigente del PP Alicia Sánchez-Camacho y a las recientes declaraciones tanto del portavoz del PP, Rafael Hernando (ES), como de la ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal.
El Partido Popular pedía a finales de la semana pasada apoyo al resto de partidos (ES) para “terminar con la privacidad en Internet“. Una petición que vuelve a demostrar lo poco que entienden sus dirigentes de cómo funciona la red.
Tanto la Electronic Frontier Foundation (EN), el organismo encargado de velar por los intereses de Internet, como Naciones Unidas (EN), y en nuestro caso, la libertad de expresión recogida en esa Constitución que tan a buen recaudo pretende proteger el Partido Popular en aquellos temas que les interesa, apuntan a la importancia de salvaguardar el derecho de anonimato y privacidad en las comunicaciones.
Es, a todos los efectos, un elemento necesario para asegurar que cualquier ciudadano puede ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión sin recibir por ello represalias, vengan de otros colectivos o del propio Sistema.
Internet se creó bajo este paraguas, y aunque la red de redes ha ido evolucionado hasta volverse un ecosistema diametralmente distinto al paradigma inicial, imaginar una red abierta que además obligase a mantener una especie de registro identificativo, se me antoja, a nivel técnico, una pura ida de cabeza.
Es, de facto, exactamente el mismo debate que tuvimos hace un par de años con el intento de prohibición del cifrado de las comunicaciones. Sencilla y llanamente no soluciona los problemas a los que nos enfrentamos, y sí genera unos nuevos.
Los usos tergiversados de la Red van a seguir existiendo (en distintos canales, con medidas de anonimato más avanzadas), y al final, un entorno identificativo a lo que ataca es al grueso de la sociedad, aquellos que usan legítimamente los servicios digitales, cohibiendo su libertad de expresión, forzando la autocensura, y en última instancia, exponiendo a los usuarios a riesgos mayores, habida cuenta de que tendría que existir algún registro en algún lado que hiciera de nexo de unión entre las identidades digitales y la física, con todo lo que ello supone.
¿Por dónde van los tiros?
¿Significa esto que Internet es un paraje sin ley donde los trolls y el doxing pueden vagar a sus anchas? Nada más lejos de la realidad:
- Porque ya existen herramientas legales más que suficientes en el aparato legislativo de cada país: Ante un ataque a la integridad (física o moral) de un ciudadano, el Estado tiene la capacidad de exigir, bien sea al servicio, bien sea mediante la unión de registros que todo dato digital deja en la infraestructura de red, la identidad del agresor en cuestión, tomando las medidas oportunas contra él. ¿Que a veces los trámites son lentos? Lamentablemente así es, pero existen y, lo más importante, son solo accesibles por aquellos que en teoría deberían estar oficialmente interesados en ello (el sistema judicial de cada país). Simplificar los procesos de identificación agilizaría, en efecto, situaciones que sin lugar a duda podría interesarnos que se agilicen (fraudes, extorsiones, hostigamientos públicos, difusión de bulos…), pero de paso, democratizaría estos mismos ataques a aquellos interesados en realizarlos, exponiendo aún más a los ciudadanos, que para colmo se verían menos protegidos y alentados a dar sus puntos de vista de forma pública.
- Porque ya existen (y deberían madurar aún más) las herramientas de control frente a abusos en la red: A un servidor no es la primera vez que un grupo anónimo de cuentas le atacan. La última, de hecho, hace escasos meses, proveniente de parte de la audiencia de un canal de Youtube al que le pareció molesto un artículo sobre videojuegos que había publicado el día anterior. Y cuando ocurre jode, por supuesto. Que de pronto a tu cuenta de twitter lleguen cientos de tweets difamatorios, y eso se vaya paulatinamente escalando a tu página, a la página de la empresa donde trabajas o al resto de tus perfiles sociales, amarga a cualquiera. Pero afortunadamente existen maneras de minimizar su impacto. Empezando por el blog (más de 100 comentarios en apenas un par de horas que no pasaron de la carpeta spam gracias al sistema de pre-moderación que tengo habilitado), siguiendo por las redes sociales (denuncia y ocultar, pudiendo hasta establecer filtros temporales para limpiar un poco el timeline de notificaciones) y alertando a aquellos servicios y páginas que están fuera de tú control. La cuestión es que existen herramientas para paliar, en la medida de lo posible, los efectos colaterales del anonimato en la red sin atacar con ello a todas sus ventajas.
¿Qué podríamos echar en falta?
Se me ocurre que antes de plantear siquiera que Internet sea un servicio que requiera identificación real para utilizarlo (ya le digo que en la práctica es algo materialmente imposible de realizar), lo que sí podemos hacer es demandar a aquellos grandes servicios del momento que actualmente no prohíben la creación de cuentas anónimas (recuerdo que tanto Facebook como Google obligan a que usemos nuestro nombre real a la hora de crear la cuenta; otra cuestión es que como todo en esta vida podemos mentir), desarrollen plataformas capaces de operar en varios niveles. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Twitter, que es precisamente donde más problemas de este tipo acaban apareciendo.
- Con capacidades mermadas para nuevos usuarios: Es tan sencillo cómo que, a la hora de crear un nuevo usuario, éste tenga reducida su capacidad de actuación hasta que haya cubierto un cupo temporal/cuantitativo de acciones. Con esto ya se reducen drásticamente tanto los ataques de bots, como el incentivo que tendría un usuario anónimo de causar el mal (si le bloquean la cuenta, tendría que volver a empezar y para colmo reducir su actividad artificialmente).
- Con diferentes canales: Es una petición que llevo literalmente años argumentando por estos lares. Que en plataformas como Twitter podamos decidir si queremos o no identificarnos con nuestro nombre real. Ese sistema de verificación que tan mal ha demostrado funcionar podría servir precisamente para esto, estando abierto a todo el mundo mediante el envío (quizás) del documento de identidad. Así habría dos “Twitter”, uno en el que estaríamos todos (usuarios anónimos y usuarios verificados), y otro, activable únicamente por los segundos, en el que solo pudiéramos comunicarnos y ver lo que dicen el resto de usuarios verificados. Así, alguien con una exposición pública lo suficientemente amplia como para que le resulte molesto tener que aguantar menciones de terceros, podría simplemente dejar de verlas. Seguirán por ahí, pero únicamente serán visibles para aquellos que deseen vivir en el universo de interacciones completo, a sabiendas que todos los que se han tomado en serio la plataforma van a disfrutar de una experiencia mucho más satisfactoria en el canal de usuarios verificados.
Es un punto medio, intentando pillar lo mejor de ambos mundos.
Algo que compete por igual a medios de comunicación y perfiles de empresa frente a la oleada de campañas de fake news que hemos estado experimentando este último año. Tanto Google como Facebook ya están moviendo ficha, generando sistemas de alerta temprana y de recomendación activa de noticias contrastadas para minimizar su impacto.
Pero con lo que quiero que se quede es que sin perder la capacidad de anonimato en Internet podemos generar un ecosistema más garantista. Que la petición del PP es tan absurda como lo fue la Ley Mordaza y la Ley Sinde, y que únicamente nos dirige a un escenario arcaico y censor donde quien tiene las de perder es el usuario.
