Lo comento hoy de pasada en la newsletter de la Comunidad, pero creo que es un tema lo suficientemente interesante como para dedicarle una pieza en profundidad.
El caso es que desde la semana pasada algunos ciudadanos españoles están empezando a recibir cartas de una productora alemana que les amenaza con llevarles a juicio por la supuesta piratería de alguna de sus obras.
En la mayoría solicitan 100 euros por cada “título ilícitamente compartido” y una cantidad fija de 300 euros en cuestión de “gastos de investigación y reclamación”.
Algunos incluso han recibido peticiones de más de 1.300 euros.
Estamos por tanto ante la n-ésima intentona del lobby audiovisual por combatir una evolución lógica en la manera de consumir contenido que no entienden (ni pretenden entender), como son los sistemas de compartición P2P.
Que en vez de apoyarse en estos sistemas con una suscripción unificada y justa, siguen empeñados con atacar al usuario que espera poder consumir el contenido cuándo y dónde quiera, aunque sea pagando por ello.
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¿Cómo es esto posible?
La primera pregunta que supongo te harás es cómo es esto posible.
Y para entenderlo, tenemos que remontarnos a hace unos meses, cuando en uno de los múltiples juicios que está llevando el lobby audiovisual, un pleito contra la operadora vasca Euskaltel en el juzgado de Bilbao falló por primera vez a favor de la productora, obligándola a dar la IP de sus clientes que habían, supuestamente, descargado contenido protegido con derechos de autor. En particular, el referente a la película “One Upon a Time in Venice”:
Comunicado de prensa: pic.twitter.com/aKlILIc7UP
— Afectados Euskaltel (@AEuskaltel) May 29, 2019
Dejando de lado todo el tema de privacidad del usuario y derechos del consumidor, que de hecho se lo han saltado a la torera al utilizar esa información personal para ponerse en contacto con los afectados, lo cierto es que el que tu IP aparezca entre ese listado de supuestas IPs que han compartido algo mediante redes P2P no es, al menos en la legislación española actual, un motivo judicial.
Y no lo es principalmente por dos motivos:
- La IP no es, per sé, incriminatoria: Cualquiera que lleve por estos lares un tiempo sabrá que resulta profundamente sencillo ofuscar tu IP o aparentar ser otra IP. Y es más, ¿cómo se demuestra que el dueño de ese contrato de red es el supuesto infractor de la ley de derechos de autor, a sabiendas que en una conexión se puede conectar cualquier otra persona (WiFis de locales, vecinos que entran a nuestra conexión…).
- Hasta nueva orden, ningún juez en España ha dictaminado que compartir archivos mediante redes P2P SIN ÁNIMO DE LUCRO sea un delito tipificado: Puede, según queramos verlo, ser o no ético, pero no hay delito en compartir documentos mediante redes que como su propio nombre indica han sido creadas para compartir archivos, siempre y cuando, por supuesto, no saquemos rédito económico de ello.
Hay que tener además en cuenta que quien está ahora amenazando es una empresa con sede en Alemania, un país que precisamente ha sido muy duro con el usuario que supuestamente ha pirateado contenido, y en donde estas cartas amenazantes son la norma.
De Euskaltel al resto de operadoras
Esta última semana han sido varios los usuarios de los servicios de Movistar que alertaban haber recibido esas cartas, ya que según parece, la productora alemana que ganó el juicio en Bilbao ha estado replicando la misma estrategia en otros juzgados y contra otras operadoras, ganando nuevamente otro juicio en Madrid contra Movistar, que se ha visto forzada a entregar el listado de IPs de sus clientes.
Ya es oficial: las cartas a usuarios de redes P2P para evitar juicios por descargas mediante el pago de acuerdos extrajudiciales se han extendido de Bilbao a otras ciudades, como Madrid y Valladolid. Lo que quiere decir que ya le puede llegar a cualquiera en España.
— David Bravo (@dbravo) September 13, 2019
Y el problema de todo esto es que puede sentar precedente para que otras productoras audiovisuales le sigan la estela.
No ya con el único fin de en efecto llevar a juicio a esos supuestos piratillas (como explicaré más adelante, esto ni siquiera es rentable para la productora), sino con la estrategia que están siguiendo actualmente: Amenazar a los dueños de ese contrato de red de supuestos juicios a no ser que paguen X dinero.
La más pura extorsión de toda la vida, vaya.
Para que luego me digan que el lobby audiovisual no tiene demasiados parecidos a las estrategias seguidas en su día por la Santa Inquisición…
Si me ha llegado, ¿qué debo hacer?
Aquí es donde quería llegar.
Tal y como dice tanto David Bravo como David Maeztu, dos abogados especializados en temas digitales de nuestro país, el primer punto está más que claro.
No pagar la extorsión
En la amplia mayoría de casos la amenaza no pasa de ser simplemente eso: una amenaza.
Como decía anteriormente, a día de hoy lo único que han conseguido es saltarse la ley de protección de datos accediendo a la información personal del cliente que hay detrás del contrato asociado a esa IP.
Pero de ahí a conseguir que un juez acepte una IP como prueba para criminalizar a un usuario, máxime si este no está haciendo negocio con esa supuesta compartición de archivos, hay un largo trecho.
Es más, hablando puramente en términos económicos, llevar a juicio a miles de personas por las cantidades de las que estamos hablando es algo que ni siquiera sale rentable. Aún cuando incluso consiguieran que éstos pagasen (recalco que hoy en día la regulación española protege al usuario), las pérdidas ocasionadas por los juicios serían superiores al beneficio.
Por supuesto, lo que de verdad espera esta productora no es llevar a juicio a los usuarios, sino más bien esperar que estos paguen la extorsión, inflando de esta manera un poco más las arcas sin mayor gasto que el haber enviado un sobre a cada hogar.
Buscar a otros afectados y agruparse
Ya sea por foros o por redes sociales, la siguiente recomendación de estos abogados pasa porque los afectados busquen a otros afectados y se coordinen para hacer un frente en común con la misma defensa.
A la espera de las primeras sentencias a l@s miembros del colectivo por las reclamaciones P2P,vamos a explicaros algunos aspectos del procedimiento judicial en el que nos hemos visto inmersos. Es muy kafkiano y a medida que más sabemos, peor aún.
— Afectados Euskaltel (@AEuskaltel) July 18, 2019
Abrimos hilo:#defensaeuskaltel pic.twitter.com/q0uxZG2Z7h
Por razones obvias, por separado estamos en desventaja (una multinacional contra un usuario), pero varios cientos o miles de usuarios pueden ejercer el mismo lobby que está ahora mismo ejerciendo la productora alemana, contrarrestándolo.
Espero sinceramente que esto quede solo como otro de esos caminos sin salida que está intentando explotar la industria para mantener el status quo en el que hasta ahora se sentían cómodos.
A poco que tengamos dos dedos de frente seremos conscientes de que la realidad de hace medio siglo en materia audiovisual no es ni de lejos parecida a la actual, y que los que entonces eran grandes en la industria van a tener que evolucionar… o morir.
Que esto no va, como me decían hace unos años en una reunión entre emprendedores con la industria audiovisual en Silicon Valley, de que el consumidor se adapte a los formatos de la industria, sino justo lo contrario.
Y justo lo que está ocurriendo con muchas de estas grandes productoras frente al avances de los servicios de streaming de contenido, por cierto.
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