Sobre aspiraciones gubernamentales en el entorno digital

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Aunque sea un tema ampliamente recogido en esta humilde morada, algunas recientes noticias me empujan a volver a sacarlo a la palestra.

Las aspiraciones gubernamentales en el tercer entorno empiezan a ser un verdadero freno para esa evolución lógica y neutral que esperaríamos de la tecnología. Unas aspiraciones que, como vimos recientemente, ya no solo vienen impuestas únicamente por países totalitarios, sino también de gobiernos considerados democráticos.

A esa aspiración histórica de Reino Unido o Japón por poner freno al auge del cifrado de las comunicaciones como respuesta a un escenario de ciberguerra, se sumaban a finales de la semana pasada el estado de California (EN) y el de Nueva York (ES), con sendos proyectos de ley que obligarían a todos los fabricantes de smartphones a incluir puertas traseras en sus dispositivos.

Por otro lado, y después de años de bloqueo gubernamental, Youtube vuelve a estar disponible en Pakistan (EN), casualmente a la vez que Google saca una versión local de su plataforma, lo que para algunos es motivo suficiente para señalar un posible acuerdo con el gobierno.

Hablemos por tanto de las implicaciones políticas, religiosas, sociales e institucionales de la tecnología. De ese internet que esperaba ser universal, y que pese a los esfuerzos titánicos que están llevando a cabo tanto unos como otros, parece estar cada día más lejos de materializarse.

La guerra del cifrado

Que California y Nueva York hayan presentado proyectos semejantes para interferir los dispositivos tecnológicos de sus ciudadanos en el momento en el que un juez así lo estipula, tiene algunas consideraciones que deben ser matizadas:

  • Por un lado, hablamos de estados pertenecientes a la que sin lugar a dudas es una de las mayores potencias tecnológicas de nuestra era, y que además, está a día de hoy envuelta en varios conflictos abiertos en pos y en contra del cifrado de las comunicaciones. Para el gobierno de Obama, separarse de esa relación clara que tanto fuera como dentro de sus fronteras tenemos del abuso de poder con el que demostró operar la NSA durante varios años, es crítico si quiere seguir estando a los mandos del país. Y a la vez, hay un porcentaje de la sociedad que demanda mayor seguridad a cualquier precio.
  • Por otro, y trasladando esta problemática al mundo físico, resulta curioso que mientras en una investigación policial, los cuerpos del orden tienen la potestad de irrumpir, previa petición legal, en hogares privados de sujetos considerados sospechosos, de bloquear cuentas bancarias, e incluso de requisarles posibles pruebas de delito, no hay ninguna ley que obligue a una compañía tecnológica a descifrar y desbloquear un dispositivo. Dispositivo que podría ser de gran valor para la investigación en curso.
  • Para terminar, incluir esas puertas traseras que el gobierno de estos estados demanda significaría en esencia hacer más vulnerable el sistema. Las puertas traseras son puertas abiertas para el gobierno (que en principio, entendemos que sólo las usará previa consulta al juez de turno), pero también para la industria del crimen, o, por qué no, para la propia competencia.

No es algo que se pueda meter y quitar cuando sea oportuno. Aceptar que en el diseño de una tecnología específica debemos considerar la creación de vulnerabilidades que exploten adecuadamente la seguridad de esta tecnología rema en contra del negocio de cualquier compañía tecnológica, tanto directo (posibles problemas legales que el día de mañana le acarree una multa mulimillonaria, posible abuso que la competencia o la industria del crimen pueda realizar aprovechándose de estas vulnerabilidades), como indirecto (pérdida de la confianza de los clientes, que son, a fin de cuentas, quienes les dan de comer).

Implica que, o bien la información debe estar alojada (sea en local, sea en la nube) de forma insegura, o bien la información debe contar con un cifrado completamente controlado por la compañía (que pueda ceder, en estos casos, a los cuerpos de seguridad del estado). Y ello, hace que en esencia su negocio dependa de la opacidad que la compañía y los cuerpos del orden puedan mantener a lo largo del tiempo.

Algo que como bien ha quedado demostrado históricamente, no se mantiene en pie mucho tiempo.

La problematíca es compleja, por tanto, de afrontar. Un no o un sí rotundo solo peca de simplista, habida cuenta de que se entiende que el poder legislativo y la policía tiene el único objetivo de mejorar la seguridad de la ciudadanía, que el acceso a estos dispositivos podría ayudarles a ejercer sus labores con mayor éxito, y que gracias a ello, previsiblemente habrá mayores casos de fugas de información que pongan en entredicho la supuesta seguridad que con ello conseguíamos.

La internet localizada

Donde no hay una defensa que valga es en las aspiraciones de control de la información que algunos países quieren desarrollar en el tercer entorno.

De un escenario global, cada vez más países (53 en el listado de la Wikipedia (EN)) tienen actualmente algún tipo de medida para censurar contenido considerado, sea por razones políticas, éticas, sociales o religiosas, inadecuado para su ciudadanía.

Entre ellos, Pakistan, en el cual Youtube llevaba tres años de bloqueo, y que la semana pasada volvía a entrar en el país con una versión localizada.

A las sospechas que muchos enarbolaron con la noticia, Google salía recientemente para desmentir cualquier acuerdo de cooperación (EN). Los posibles bloqueos que se hagan al contenido subido a ese Youtube de Pakistan seguirán, como ocurre con el resto de Youtubes locales y con el Youtube global, dependiendo única y exclusivamente de las directrices de Google.

Y pese a todo, la sospecha sigue presente (EN).

Es mucha casualidad que un servicio que en su día se bloqueó por “discrepancias sobre lo que debía o no consumirse en ese servicio”, a raíz de la publicación de un largometraje (EN) considerado ofensivo para el islam, vuelva a estar operativo justo cuando la compañía decide lanzar una versión específica para este país.

Algo, recalco, que no es exclusivo de Pakistan (ya más de 90 países cuentan con una versión local de Youtube), pero que al menos, sea o no un simple ejercicio mediático, fue anunciado por el gobierno como una victoria para su tratado de seguridad nacional (EN).

Pakistan no es, ni de lejos, el único país que ha demostrado ser partidario de una censura de información. Recientemente la nueva ley de seguridad china podría hacer que empresas como Apple o Google tengan que volver a salirse del país. El colmo de los colmos sería observar cómo, si al final sale adelante la ley de California, la mayoría de estas compañías estarían obligadas o a ceder con las exigencias, o a dejar de vender y ofrecer sus productos en los estados que las vieron nacer y en las que está su sede central.

Algo que, como recalco, no parece ser de interés de nadie más que de algunos gobiernos. Esos mismos que aspiran a controlar el entorno digital.