Legislando el crowdfunding “a la española”

Nos enterábamos en viernes pasado: El gobierno de España incluía una regulación sobre el crowdfunding en la nueva Ley de Fomento de la Financiación Empresarial (ES).

crowdfundingEspaña

Falta por ver dónde acaba todo, pero a priori propone un panorama cuanto menos curioso del futuro del micromecenazgo, y por tanto, del futuro de muchas startups y proyectos indies.

Desde este blog tampoco quiero caer en la noticia fácil. Para que un mercado como el crowdfunding acabe por madurar, necesita ser legislado. Por tanto, la nueva no es tan nueva, y por lo que se puede ver, toma prestadas bastantes nociones de lo que Jobs Act de EEUU impuso en su momento. Sin embargo, hay algunos matices que me gustaría resaltar, y que me hacen ir con pies de plomo sobre los verdaderos intereses que puede tener el gobierno en referencia a lo anteriormente comentado.

Para ponernos en antecedentes, la nueva reforma contempla en el marco legal el crowdfunding, que como bien sabéis, se trata de una forma de financiación pre producción (normalmente), apoyada en los beneficios de la comunidad y las nuevas tecnologías. Una suerte de pequeñas inversiones hechas por lo general por aquellos potenciales clientes que quieren que el producto a desarrollar salga a la luz. Hablamos por tanto de la suma de muchos pocos, que puede ser usada por la propia necesidad de financiación para despegar, o para tantear el interés real del mercado hacia lo presentado.

Hasta ahora, y pese a que ha acaparado últimamente más de una portada, no contaba con un marco regulatorio en nuestro país. Cada plataforma, hacía y deshacía sin perdón de Dios, lo que llevaba en algunos casos a un pequeño paraíso de “vale tudo“, donde el inversor aportaba parte de capital, el proyecto no llegaba a despegar, y tanto la plataforma como los fundadores se desatendían de los problemas ocasionados.

Con la reforma, se imponen algunos requisitos:

  • Las plataformas (quizás las más conocidas en nuestro país sean Lanzanos (ES) y Comunitae (ES)) tendrán que rendir cuentas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores así como ante el Banco de España, lo que se traduce en que deben contar con un capital social de al menos 50.000 euros o un seguro de responsabilidad civil anual de al menos 150.000. Con esto se consigue básicamente dejar a los grandes, y evitar que cualquiera monte una plataforma.
  • Los inversores podrán hacer inversiones únicas no superiores a 3.000 euros, y 6.000 a lo largo de 12 meses.
  • Un proyecto podrá obtener como máximo 1 millón de euros por este método.

La idea es buena y de agradecer, pero a mi parecer está mal formulada. Por un lado, recae la responsabilidad principalmente en la plataforma, una medida que aunque necesaria, puede llevar a un posible abuso por parte de los inversores (teniendo en cuenta que la mayoría de startups fracasan, la nueva reforma quizás apunte hacia el apoyo de denuncias por parte del inversor ya no hacia la startup, sino hacia la plataforma). Y me cuesta decidirme entre si esto debería ser así o no, sinceramente.

Por otro lado, el fijar un valor máximo universal para las inversiones es un despropósito. Ahí bien podían haber copiado a los americanos, y que el valor máximo dependiese del sueldo y patrimonio del inversor. Para un servidor 3.000 euros quizás sea mucho, pero para un inversor con buen monedero, sin duda será calderilla.

Y por otro, el poner nuevamente un máximo de inversión es cerrar de lleno la posibilidad de enfocar el crowdfunding a proyectos de gran envergadura. Sí es verdad que a día de hoy (y si no me falla la memoría), ningún proyecto financiado por crowdfunding en España ha llegado al millón (el más cercano me suena que fue HeroQuest, y hablamos de algo menos de 700.000), pero mañana podría haberlos. Si tienen miedo que se use como tapadera de blanqueo de dinero, seguramente hay métodos más eficaces para contrarrestarlo.

La reforma acaba con un apartado para multas en caso de no cumplir los requisitos. Sobre el valor económico no me pronuncio. Lo que sí me preocupa es la imposibilidad de operar durante los próximos 5 años. Teniendo en cuenta que las plataformas no dejan de ser una startup, y si se mantiene tal cual está la reforma, para muchas será una muerte anticipada (y sin posibilidad de retorno).

 

Edit minutos más tarde: Enrique (ES) hablaba de ello el fin de semana, en un artículo cuyas observaciones no distan mucho de las de un servidor.