Este es una de las newsletters antiguas que se enviaron de forma exclusiva a los miembros del Club Negocios Seguros, y que se liberan públicamente un mes más tarde.

Si quieres recibir las actuales cada martes y jueves en tu bandeja de correo, hazte miembro ahora.

*******

Negocios Seguros

pegasus gobierno

Sigue el culebrón del gobierno con Pegasus.

Tras conocerse que «alguien» (ejem ejem) había usado este spyware para «monitorizar» a varios dirigentes independentistas catalanes, el gobierno informó que a ellos también les había estado espiando alguien, encontrando pruebas de que al menos el móvil del presidente y algunos de sus ministros había sido comprometido.

¡Qué casualidad, oye!

Pero sigamos.

Por CyberBrainers Susana ya publicó un análisis cronológico y social de todo lo ocurrido, así que no me voy a repetir.

Sin embargo, estos días hemos tenido comparecencia de nuestro querido presidente (ES), el cual, muy solemnemente ha asegurado por activa y por pasiva que este tipo de herramientas no deberían ser usadas. Que él por supuesto no tenía ni idea (¡es una víctima!), y que impondrá una serie de medidas para evitar que el día de mañana «alguien» de CNI o el órgano público que corresponda pueda utilizar este tipo de software para vigilar a cualquier ciudadano.

  • La primera medida es una reforma legislativa para reforzar el control del servicio de inteligencia. Y para ello el Gobierno aumentará el presupuesto del CNI, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, con la idea de «reforzar las garantías de control». 
  • El segundo punto es que el Gobierno ha anunciado una nueva Ley de Secretos Oficiales. La actual es de 1968 (ES) y es la ley en la que el CNI se ampara para no verse obligado a dar explicaciones, salvo que lo exija un juez (y esto requiere que PREVIAMENTE el juez esté al tanto, entrando en un bucle de nunca acabar).

Así leído pueden parecer medidas interesantes, pero es que… se quedan en eso: puras palabras vacías.

Para empezar, la única medida concreta de la que ha hablado es la de aumentar el presupuesto del CNI para «reforzar las garantías de control». Que es simpático que diga esto justo después de asegurar que el sistema actual español cuenta con una de las mayores garantías del mundo.

Debe ser que, incluso así, pues no es muy garantista…

¿Qué más va a incluir esa futura reforma del CNI? Pues ni idea. Pedrito no ha dicho más que repetir una y otra vez «transparencia», y que él no tenía ni idea de todo esto de los independentistas catalanes… cuando a priori tiene que ser el presidente quien firme la orden para realizar este tipo de investigaciones.

Pero bueno, es guapísimo, así que se lo pasamos por alto.

Así llego a la segunda propuesta estrella. La de actualizar la Ley de Secretos Oficiales que, de nuevo, se queda justo en eso. En que la piensan actualizar.

¿Cómo? Yo, ni idea. De hecho es probable que el pobre de Sánchez tampoco lo sepa, por eso de que él no está al tanto de cómo funciona el CNI, un órgano que depende de forma directa del Gobierno…

Decir mucho para no hacer nada

Esta diatriba, ojo, no es solo cosa de España.

Cualquier gobierno está en la misma tesitura.

Por supuesto que saben de lo que hablan (ellos son los que manejan el cotarro), pero de puertas hacia afuera queda mejor decir que situaciones como esta no pueden repetirse, y que para eso debe estar el órgano judicial de por medio.

¿La realidad? Pues que no interesa.

Y no interesa por la manida excusa de siempre: Seguridad nacional.

El CNI, y en definitiva todos los órganos de inteligencia gubernamentales, tienen como objetivo proteger a la nación. Y para ello, recurren a actividades, herramientas y stakeholders que claramente deberían ser ilegales.

Si sus órdenes pasaran por manos de un juez, y este fuera en efecto neutral, debería echarlas para atrás, así que su trabajo no podría realizarse.

Ejemplo de ello son compañías como Cellebrite y NSO Group. Multinacionales que facturan millones y cotizan en bolsa, y cuyos productos son, precisamente, herramientas de cibercrimen que revenden a gobiernos y demás organizaciones.

¿Deberían ser ilegales? Por supuesto. Algo como Pegasus es, sin ningún miramiento, una herramienta creada por y para el cibercrimen. Pero se vende alegalmente a la práctica totalidad de gobiernos, y por ende a sus «CNIs», porque «SEGURIDAD NACIONAL».

Y los gobiernos, cuando les salpica algún caso flagrante de abuso, como ha sido el del gobierno de España, pues oye, salen, dicen cuatro palabras vacías, y rezan para que haya otra noticia que haga olvidar pronto el tema.

En nuestro caso, con la final de la Champions cerca, la cosa estaba fácil.

Así funcionan las cloacas de cualquier gobierno. El español, el norteamericano, y el de cualquier país.

  • Si es democrático, se hace el paripé unos días.
  • Si es dictatorial, ni siquiera esto es necesario.

Pero todos acaban usando este tipo de herramientas para vigilar a potenciales «RIESGOS NACIONALES», saltándose la legislación que haya que saltarse, porque «SEGURIDAD NACIONAL».

Y mientras tanto, empresas como las anteriormente mencionadas, haciendo también el paripé de que no venden sus herramientas a organizaciones que no cumplan una estricta ética pactada de antemano (la misma falacia de «He leído y acepto la política de privacidad», que todos una y otra vez estamos aceptando en Internet), ganando cada vez más dinero con armas que están siendo utilizadas para vigilar, cuando no directamente matar, a objetivos estratégicos.

________

Si quieres recibir contenido exclusivo como éste el día uno y directamente en tu bandeja de correo cada martes y jueves, hazte miembro del Club «NEGOCIOS SEGUROS».

Banner negocios seguros