Gerard me llamaba la semana pasada para pedirme, dentro del acuerdo de colaboración que tengo con Ciberprotector (ES), si me interesaba preparar una pieza de unas 600/800 palabras para El País con una reflexión alrededor del anuncio que hacía estos días la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre que están en marcha los procesos para garantizar las próximas citas electorales a nivel de ciberseguridad.
Un tema que por la forma en la que se ha tratado no es realmente correcto. Más que ciberseguridad, lo que el gobierno pretende hacer es minimizar el impacto de las fake news en el próximo proceso electoral. Un movimiento necesario, pero profundamente difícil de conseguir, ya que como decía en una entrevista reciente con un medio autonómico, «estamos viviendo la mayor crisis de la democracia moderna«.
Dejo por aquí la pieza que les mandé al medio previa moderación (al final tuve que tocar bastante para dejar una pieza puramente informativa), cuyo resultado final puedes ver en El País Retina (ES), donde fue publicada hace unos días.
Buscando El Dorado entre infantilización y control del discurso en las próximas elecciones
El viernes pasado la vicepresidenta Carmen Calvo anunciaba que el gobierno estaba preparado para «garantizar las próximas citas electorales desde el punto de vista de la ciberseguridad« (ES).
Un servidor, y cualquier profesional del sector, lee esto y se lleva las manos a la cabeza.
Primero porque realmente lo que quiso decir la vicepresidenta, y que de hecho luego matizaría en la rueda de prensa, es que el Gobierno está estableciendo un sistema para minimizar el impacto de las noticias falsas, no para algo tan etéreo y complejo como es la ciberseguridad de todo el proceso electoral.
El nuevo plan, más ambicioso que los que se pusieron sobre la mesa en 2015 y 2016, pasa por crear un Dispositivo Especial de Seguridad (DEC) en el que participan el propio CNPIC (encargado de velar por la buena comunicación de las Fuerzas y Seguridad del Estado y los Centros de Respuesta), la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (encargados de que la difusión de los resultados de las elecciones se realice “con los más elevados niveles de confidencialidad, disponibilidad e integridad”), y las unidades especializadas en ciberdelincuencia de Policía Nacional y Guardia Civil, además de los diferentes Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (ambos encargados de la “vigilancia y monitorización en las redes y sistemas de información” para detectar cualquier amenaza y actuar en consecuencia).
Sin embargo, hay un interés claramente marcado por Interior, y a grandes rasgos por todos los países democráticos, de erradicar la tergiversación informativa en pre-campaña. Algo que ha estado ahí toda la vida, pero que se ha agudizado últimamente con la explotación de canales digitales masivos como Facebook, Google, Youtube o Twitter.
Este lunes se lanzaba en Bruselas la red de alerta rápida del sistema europeo contra la desinformación (ES). Desde Europa se pide coordinación entre los socios, máxime considerando que la mayoría de estas campañas de tergiversación informativa tienen una clara arquitectura transnacional. Pero la ciberseguridad de las elecciones, como cabría esperar, «es materia estrictamente nacional».
Y segundo porque «asegurar la ciberseguridad de unas elecciones» es algo prácticamente utópico, incluso si lo acotamos «solo» al control de las «fake news».
Resulta muy, pero que muy complejo, marcar los límites de un discurso que, recuerdo, es puramente subjetivo. A un lado de la balanza está la libertad de expresión (yo tengo derecho a dar mi punto de vista, aunque éste sea totalmente radical y esté quizás basado en errores históricos o culturales), y al otro el riesgo de caer en la filosofía del totalitarismo, aunque sea buscando precisamente fines democráticos.
Aislar del discurso político a los extremistas es negar un porcentaje (quizás minoritario) de ciudadanos que están en su legítimo derecho a pronunciarse, y además, conduce a un entorno de infantilización y control del discurso que puede volverse en nuestra contra.
La victoria de Trump en las elecciones americanas, el Brexit inglés, o incluso todo lo vivido en Cataluña con la Independiencia, tiene múltiples lecturas, y en algunas de ellas el influjo de la tergiversación, externa o interna, parece claro.
Controlar estas tergiversaciones de uso tan finamente orquestadas sin cohibir la libertad del ciudadano, a sabiendas de que para colmo parte de estas grandes campañas de manipulación se basan precisamente en atacar al eslabón más débil de la cadena (a la persona, no al sistema informático), hace de la empresa que tiene por delante el Gobierno una verdadera Odisea.
Y pese a todo, entiendo que sea totalmente necesario. En Francia la estrategia seguida por Macron para minimizar la crisis reputacional que Le Pen intentó viralizar a unas horas de las votaciones es un ejemplo de guión de buena praxis, y quizás un halo de esperanza para los que aún creemos en la Democracia, e incluso intentamos votar con la cabeza, no con el corazón.
Todos mis buenos deseos en esa búsqueda de El Dorado. Que tras la propuesta haya iniciativas a priori tan adecuadas como Maldito Bulo (ES) no me hace más que pensar que algo bueno puede salir de todo esto.
Otra cosa es que lo consigan a tiempo, y en efecto gocemos de unas elecciones lo más bien informadas posibles…
