pasaporte vacunacion

Por más que lo miro, hay temas que me rechinan cuando pienso en ese cada vez más probable pasaporte de vacunación del COVID19 que parece que se va a imponer en la Unión Europea.

De ser así, el llamado Certificado Verde Digital de Vacunación (EN, CVD por sus siglas) entraría en vigor en junio, y dictaminaría según cada país a dónde puede uno viajar o bajo qué restricciones.

La Comisión Europea ya ha dado el visto bueno, y ahora falta ver qué hace tanto el Parlamento Eupeo como los gobiernos de cada país, que a priori, y salvando contados casos, parecen encaminados a seguir los dictámines de la CE.

De hecho por Francia ya tienen el Coronovairus Travel Pass (EN), que cumple a rajatabla los dictámines de la UE. Por Dinamarca el Coronapass (EN), más enfocado a sus propios ciudadanos (gracias a él un ciudadano puede acceder a negocios considerados no esenciales como son las peluquerías y los salones de belleza). Y ya por fuera de la UE tenemos el caso de Bahréin e Israel con acuerdos semejantes (ES), Reino Unido, que parece encaminado a sacar el suyo propio (ES), y acuerdos ya pactados (ES) con países como Islandia, Noruega, y Suiza para que el pasaporte de vacunación COVID19 tenga vigencia en sus fronteras.

En líneas generales entiendo que es mal menor por el que debemos pasar.

En esa esperable desescalada y vuelta a la normalidad que, recalco, solo las vacunas nos van a poder ofrecer, el hecho de poder comprobar de forma sencilla si alguien puede ser o no contagioso parece, a priori, la única manera de buscar ese utópico equilibrio entre la necesidad de rehabilitar el sector económico (principalmente del consumo) y la obligatoriedad de mantener las distancias por la crisis sanitaria que conlleva el dichoso virus.

Y sobre esto, hay que dejar claro que el pasaporte de vacunación del COVID 19:

  • No solo contempla aquellos ciudadanos que ya hayan sido vacunados, sino también aquellos que hayan pasado una prueba con resultado negativo o se hayan recuperado recientemente de la enfermedad.
  • Tendrá una vigencia de 12 meses desde su expedición.
  • Se distribuirá de forma gratuita mediante un certificado en papel y uno digital que podemos llevar en nuestros móviles y que será leíble mediante un Código QR.
  • Permitiría en líneas generales viajar por toda la UE (y países adscritos al acuerdo) en principio sin limitaciones (vamos, como antes de la pandemia).

Todo esto son buenas noticias, sin lugar a dudas.

El problema es que como en tantas otros casos, el diablo esta en los detalles.

El timing y los límites aceptables

Una cosa está clara: Las vacunas, al menos por ahora, están funcionando. Hablamos de una tasa de efectividad del 8X-9X en la mayor parte de los casos, y además de resultados muy positivos (parece que por ahora las vacunas protegen contra las cepas del virus que han ido apareciendo, y que además es muy pero que muy infrecuente ver casos de gente que se vuelve a re-infectar o que es portadora) así que cabría pensar que en efecto una persona vacunada, y por tanto con un pasaporte de vacunación del COVID19, es un ciudadano que podría volver a normalidad.

El problema radica en cómo definir las otras dos casuisticas para obtener este certificado.

El que hayas pasado un test y en efecto te de negativo para el COVID19 no certifica más que al menos en el momento en el que te lo hiciste no lo habías pasado.

Es más, hablamos de un virus con un proceso de incubación de unos cuantos días, por lo que podría ocurrir que justo te lo hicieras estando infectado pero aún, al no haber empezado a producir tu cuerpo anticuerpos, des negativo.

¿Cómo contemplará esto la UE?

Por que esa es otra, ¿qué pruebas aceptamos como correctas y cuáles no?

Hay test rápidos (los que podemos comprar en las farmacias) que solo dan positivo si tenemos el COVID19, pero que no aseguran que no lo tengas (y mucho menos que lo hayas pasado) en el momento de hacerlo.

¿Estos se quedarán fuera, verdad?

Quedan por tanto los PCRs o las pruebas de flujo lateral (ES), y en estos dos casos tenemos el mismo problema anteriormente mencionado (negativos cuando aún se está incubando el bicho).

Para los infectados, deben acreditar, entiendo que con una PCR, que se han recuperado de ella en los últimos 180 días.

¿Y qué me dices de las vacunas aprobadas y aquellas que no lo están? Este CVD solo considera como vacunas homologadas las de Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca y Johnson&Johnson.

No hay ni rastro por tanto de la rusa Sputnik V ni de las chinas Sinovac y Sinopharm.

Algo, por otra parte, esperable (no gozan aún con el sello de confianza de la UE), pero que sobre todo en el caso de la rusa (las chinas todavía ya que parece que no han dado tan buenos resultados incluso con datos sacados del hermético país comunista), y como demostrábamos en un reciente análisis publicado en CyberBrainers, tiene pinta de ser más un movimiento político-económico que realmente sanitario.

Que luego está la vigencia de 12 meses. Un apaño que, de nuevo, intenta cubrirse las espaldas ya que por razones obvias aún no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad tras una vacunación.

Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda

El otro punto que me preocupa es el de la esperable marginación de un porcentaje significativo de la sociedad. Un porcentaje en el que en este caso entrarían tanto los grupos socialmente marginados habituales (pese a que la expedición sea gratuita, está claro que un indocumentado y probablemente inmigrantes irregulares no van a poder acceder al sistema de vacunación fácilmente), como aquellos que se nieguen a vacunarse (están en todo su derecho, como también tiene derecho la sociedad de excluirlos si ello hace peligrar la vida del resto) como otros mucho menos comunes.

Y hablo, principalmente, de gente joven y sana.

Un servidor podría entrar perfectamente en este segundo grupo. Para bien o para mal estoy en la franja de edad media (34 años) y sin dolencias graves (tengo asma, pero ya a un nivel muy bajo, y estoy en forma).

Eso significa que si al final en junio entra en vigor el pasaporte de vacunación COVID19 y en efecto los países lo utilizan de manera discriminatoria (en el sentido positivo quiero decir) para decidir quién puede viajar y quién no, probablemente yo y todos los que están en mi situación nos quedemos fuera.

Una situación curiosa donde las haya, al ser los de nuestra generación los que potencialmente más viajan y más consumen (mayor poder adquisitivo unido a una franja de edad más proclive para viajar).

Así que quizás vivamos al menos durante unos meses la extraña situación en Europa en la que el ciudadano de segunda es, precisamente, el ciudadano sanitariamente hablando que menos carga fiscal consume del Estado, y para colmo aquel cuya carga fiscal económicamente hablando es más alta (más aporta en base a impuestos).

De acabar produciéndose va a ser interesante estar «en el otro lado».

Quizás incluso sirva para que muchos caigamos en la consideración de las nocivas dinámicas sociales de marginación a las que otros colectivos menos favorecidos están normalmente expuestos…

Y eso descontando lo que supone generar una base de datos centralizada de millones de ciudadanos discriminada por factores sanitarios.

Que sí, que cumplirá el RGPD y será la Red Europea de Sanidad Electrónica (ES) quienes lo gestionen.

Pero viendo la que nos está cayendo últimamente con varias organizaciones españolas y europeas atacadas y comprometidas… Miedo me da lo que podría llegar a hacer un agente malicioso con este tipo de información.

Algo en lo que, por cierto, en Europa, y lamentablemente, tenemos mucho expertise.

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