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Este artículo es una excepción que justifica interrumpir mis (merecidas) vacaciones (espero).
Ya avisé el otro día que intentaría no publicar por estos lares hasta la segunda semana de septiembre.
Para variar, no me he aguantado.
Pero creo que el tema bien lo merece.
Hablo, como no podía ser de otra manera, de la detención de Pavel Durov (FR), el CEO de Telegram, este pasado sábado en Francia.
Y esto es importante no solo por el personaje en cuestión, sino porque pone en el centro del debate algunas cuestiones fundamentales sobre la privacidad, la seguridad digital y los límites de la libertad en la era de la información.
La detención de Pavel Durov: Contexto y motivos
El pasado fin de semana, las autoridades francesas detuvieron a Pavel Durov, una figura clave en el ámbito de la tecnología y la privacidad, conocido por su firme postura en la defensa de la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios.
¿Pero qué llevó a su detención?
La respuesta se encuentra en la sistemática negativa de Telegram a cumplir con la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), una regulación crucial de la Unión Europea que busca regular los servicios digitales para proteger a los usuarios europeos, y que ya expliqué en profundidad en el podcast enlazado justo en este mismo párrafo, considerando esto una complicidad explícita con redes de narcotráfico, pornografía infantil, así como la negativa a cooperar con autoridades judiciales.
Desde la implementación de la DSA, la Unión Europea ha intensificado su escrutinio sobre las plataformas digitales, exigiendo mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de contenido y datos de los usuarios.
Telegram, a pesar de ser uno de los servicios de mensajería más populares del mundo, ha adoptado una postura de desafío frente a estas regulaciones, negándose a cumplir con las solicitudes de eliminación de contenido ilegal y de proporcionar información sobre sus usuarios a las autoridades.
Y ahí viene el problema.
Telegram y la DSA: Un choque anunciado
Para empezar, hay que dejar claro que esto a algunos no nos pilla de nuevas. Telegram ha sido criticada en numerosas ocasiones por su falta de cooperación en la eliminación de contenido ilegal.
En EliminamosContenido.com, nuestra spin-off, hemos gestionado decenas de peticiones para eliminar contenido claramente ilegal en la plataforma, como la difusión de contenido pornográfico robado y campañas de doxing contra personajes públicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ni tan siquiera hemos recibido una respuesta de la compañía.
Telegram justifica esta falta de cooperación alegando que su sede está en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, y que, por tanto, solo está obligado a cumplir con la legislación de dicho territorio. Sin embargo, esto es un mito que debemos desmentir. Según las regulaciones internacionales, cualquier servicio digital que opere en un país debe cumplir con las leyes de ese país. Por lo tanto, Telegram está legalmente obligado a cumplir con la DSA cuando opera en Europa, algo que ha ignorado de manera sistemática y flagrante todo este tiempo.
Esta negativa a cumplir con la DSA fue, sin duda, un factor determinante en la decisión de las autoridades francesas de detener a Durov. Es un mensaje claro de que las plataformas digitales, por grandes y poderosas que sean (¡Hola Elon Musk!), no están por encima de la ley.
La respuesta de Telegram: Cumplimiento y libertad de expresión
Tras la detención de Durov, Telegram emitió un comunicado (EN) en el que ofreció dos reflexiones importantes:
- En primer lugar, la compañía aseguró que cumple a rajatabla con las leyes de la Unión Europea, incluida la DSA. No obstante, como experto en seguridad de la información, puedo afirmar con certeza que esta declaración está lejos de la realidad. La falta de transparencia y de respuesta a las peticiones legales de eliminación de contenido ilegal es un hecho que contradice esta afirmación.
- En segundo lugar, Telegram argumentó que «es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma». En este punto, debo conceder que tienen parte de razón. Es injusto responsabilizar a una plataforma o a su propietario por cada acto ilegal cometido por sus usuarios. Sin embargo, como ya he discutido en el episodio del podcast enCLAVE DIGITAL en el que hablamos, precisamente, de ese bloqueo de Telegram que durante tres días mantuvo en vilo a muchos en España, esto no exime a las plataformas de su responsabilidad de cooperar con las autoridades y cumplir con las leyes locales.
Te recalco que para mi, lo fácil en este caso es ponerme de lado del pobre Durov, un protector acérrimo de la privacidad, y criticar como están haciendo la mayoría de analistas del sector a esa maquiavélica Francia por detenerlo.
Pero es que, ¿queremos un mundo digital donde valga absolutamente todo? ¿Donde cualquiera pueda publicar contenido sexual tuyo sin tu consentimiento y no pase nada?
El caso de Durov es un ejemplo paradigmático de los desafíos que enfrentan las plataformas digitales en un mundo donde la privacidad y la libertad de expresión chocan con la necesidad de seguridad y regulación.
Telegram ha sido, desde su creación, un baluarte de la privacidad, negándose a ceder a las demandas de los gobiernos, incluido el ruso, lo que llevó a Durov a abandonar su país natal. Sin embargo, esta misma postura ha llevado a que hoy se enfrente a un escrutinio legal cada vez mayor en Occidente.
La dilema entre seguridad y libertad: ¿Dónde trazamos la línea?
Más allá de la detención de Durov y los motivos que la provocaron, lo que realmente merece nuestra atención es la cuestión subyacente: ¿Dónde trazamos la línea entre la seguridad y la libertad?
Telegram es un fiel reflejo de este dilema.
En la plataforma, es posible encontrar prácticamente cualquier cosa, desde contenido útil y educativo hasta material ilegal y peligrosamente ilícito. En un tutorial reciente, demostré cómo «un usuario sin conocimientos avanzados» pudo descargar libros protegidos por derechos de autor a través de canales de bots en Telegram. Además, en CyberBrainers, mi consultora de reputación online, recibimos semanalmente reportes de víctimas de fraudes que, «casualmente», son perpetrados a través de grupos de Telegram.
La cuestión aquí no es si Telegram es un mal servicio. De hecho, muchos lo consideran una herramienta esencial para la comunicación privada. El problema es la falta de controles y de responsabilidad en el manejo de contenido ilegal.
A diferencia de WhatsApp, que tiene un cifrado de punto a punto por defecto y que, paradójicamente, es propiedad de Meta (una de las mayores empresas de datos del mundo), ya expliqué que Telegram no cifra el contenido que no está marcado PREVIAMENTE como privado. Esto permite que el contenido ilegal sea fácilmente visible incluso por la propia plataforma, y pese a ello, esta se niega a eliminarlo o a proporcionar información a las autoridades, argumentando que hacerlo sería una violación de la libertad de expresión.
Esta disyuntiva entre libertad y seguridad es lo que hace que Telegram sea tan controvertido.
La negativa de la plataforma a cooperar con las autoridades ha sido un principio fundamental desde sus inicios, cuando Durov decidió resistir las presiones del gobierno ruso. Sin embargo, en el contexto actual, donde las amenazas a la seguridad están en aumento y los gobiernos democráticos buscan regular las plataformas digitales para proteger a sus ciudadanos, esta postura puede tener lecturas, cuanto menos, contradictorias…
La encrucijada de Telegram y el futuro del Internet que queremos dejar a nuestros hijos
La detención de Durov podría ser vista como un punto de inflexión en la regulación de las plataformas digitales en Europa. Aunque es cierto que la situación de Telegram es única debido a su origen y su historia, también es un precedente que otros gigantes tecnológicos deberían observar con atención.
El ejemplo más claro de esto es Elon Musk y su manejo de Twitter, ahora conocida como X.
Musk ha mostrado una actitud desafiante hacia las regulaciones europeas, y aunque su enfoque ha sido el de la libertad de expresión sin restricciones, debe ser consciente de que, al igual que Durov, podría enfrentar serias consecuencias si decide ignorar las leyes de la UE. La detención de Durov es un recordatorio de que, aunque las plataformas digitales puedan operar globalmente, no están por encima de las leyes locales.
Y es más: Las implicaciones de este caso van más allá de Telegram.
Este caso pone de relieve la necesidad de un debate más amplio sobre el papel de las plataformas digitales en nuestra sociedad.
- ¿Deben las plataformas ser responsables del contenido que alojan?
- ¿Dónde se deben trazar los límites entre la libertad de expresión y la necesidad de seguridad?
Llevo más de una década dedicándome a esto, y sinceramente, no tengo una respuesta clara para ninguna de las dos…
Reflexiones finales y preguntas para la comunidad
Con esto en mente, os tiro la pelota a vuestro tejado:
- ¿Dónde trazamos la línea entre la seguridad y la libertad en el ámbito digital?
- ¿Deberían las plataformas digitales ser responsables del contenido que alojan?
- Y, finalmente, ¿qué implicaciones podría tener este caso para otras plataformas, como Twitter (o X), si continúan ignorando las regulaciones europeas?
Es posible que estemos viendo el comienzo de una nueva era en la regulación digital, donde las plataformas que se niegan a cumplir con las leyes locales enfrenten consecuencias cada vez más serias. La detención de Durov podría ser solo el principio, y no sería sorprendente que otros líderes tecnológicos, como Elon Musk, se encuentren en una situación similar si deciden seguir desafiando las regulaciones de la Unión Europea.
El tiempo dirá cómo evoluciona este caso, pero una cosa es segura: estamos en un momento crítico donde las decisiones que se tomen hoy tendrán un impacto duradero en el futuro de la privacidad, la seguridad y la libertad en el mundo digital.
Con todo lo que ello supone…
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Creo que la mayoría de los análisis de diferentes medios están dando por hecho que hay que decidir entre privacidad y responsabilidad,
Desde mi punto de vista, el principal fallo en el argumento de Telegram es que declaren que no pueden ser responsables del contenido de la plataforma. Si bien es imposible mantener un control absoluto sobre la actividad individual de los usuarios, no exime que se establezcan controles y mitigaciones que sean compatibles con la privacidad.
Por explicarlo: es perfectamente entendible que no monitoricen la actividad de los usuarios por privacidad. Pero a día de hoy se pueden reportar comentarios e imágenes de forma individual: hasta donde me consta, existe una moderación de contenido por parte de una comunidad. Pero no me consta que, ante un hecho supuestamente delictivo, sea la propia plataforma la que denuncie la actividad a las autoridades competentes, actuando como parte afectada.
De manera similar, una denuncia que se produjese, no mediante un reporte sino ante una autoridad, sobre un hecho delictivo, tendría que contar con los mecanismos y procedimientos suficientes como para aportar la información necesaria para su investigación. Como opinión, no es suficiente con cerrar un canal y desentenderse del problema, porque ya sabemos lo que cuesta replicar ese canal y qué metodos existen para crear canales de respaldo.
Desde mi punto de vista, uno de los principales problemas de la plataforma es su falta de transparencia sobre cómo funciona y gestiona la plataforma estas cosas. Quziás ayudaría que explicasen cómo gestionan las situaciones delictivas, con qué volumen, qué acciones se toman y en qué medida garantizan que se cumple con la privacidad y la seguridad de la red.
Sin esa transparencia, al final de la sensación de que está permitiendo cierto contenido por omisión. Porque a día de hoy no es nada complicado encontrar ese contenido y no se puede entender esa facilidad y accesibilidad a ese material.
Otra cosa muy distinta es que la plataforma argumente que no quiere colaborar con diferentes gobiernos, porque argumente que son acciones políticas. En este caso, es equivalente a poner en duda y deslegitimar a los órganos judiciales de los diferentes países. Y en lugar de enfrentarse a esas situaciones y defenderlo ante los tribunales, es mejor hacer contenido clickbait y mandar llaves de hierro por carta para mofarse de diferentes autoridades, como si estuviesen por encima de cualquier país y de la sociedad.
Pero vaya, este debate no es nada nuevo: ¿qué ocurre cuando alguien tiene algo ilegal en su casa? ¿Qué ocurre con la privacidad? ¿Se puede aplicar un proceso análogo al contenido electrónico?
No podría estar más de acuerdo.
Ya te digo que al menos en mi propia experiencia el control que hacen es prácticamente nulo. Hemos llegado a reportar casos de pornografía infantil y no hay forma de que tan siquiera te respondan.
Y es lo que dices: Obviamente el servicio debería velar por la libertad del usuario en cuestiones político-cultural-religiosas, pero de ahí a taxativamente no cooperar con las autoridades en casos que, indistintamente del país y la regulación donde estés, claramente deben ser delictivos, hay un largo trecho…