El Miércoles en TheVerge publicaban un artículo (EN) en el que se hacían eco de la denuncia interpuesta por un cliente del Tesla Model S, cuyo modo de auto-establecimiento supuestamente había fallado, causando un accidente.
La respuesta de la compañía (EN) no se ha hecho esperar, y para asombro de muchos, se hizo datos en mano, demostrando irrefutablemente que el error era humano y no informático:
“Los registros del vehículo confirman que la función automática SUMMON fue iniciada por una doble pulsación del botón selector de marchas, pasando de Drive a Park y solicitar la activación de SUMMON. El conductor fue alertado de la activación de SUMMON con un aviso sonoro y un mensaje emergente en la pantalla del centro de la pantalla táctil. En este momento, el conductor tuvo la oportunidad de cancelar la acción pulsando CANCEL en la pantalla del centro de la pantalla táctil; Sin embargo, el botón CANCELAR no fue pulsado por el conductor. En el segundo siguiente, el pedal de freno se liberó y dos segundos más tarde, el conductor salió del vehículo. Tres segundos más tarde, la puerta del conductor fue cerrada, y otros tres segundos más tarde, SUMMON activado de conformidad con la solicitud de doble pulsación del conductor. Aproximadamente cinco minutos, diez y y seis segundos después de la activación de SUMMON, la puerta del lado del conductor del vehículo se abrió de nuevo. El comportamiento del vehículo es el resultado de las propias acciones del conductor…”.
La situación se repite una y otra vez, con la cuantificación y digitalización de variables anteriormente consideradas subjetivas (a falta de un sistema de medición estándar), y tiene connotaciones tanto positivas como negativas para todos aquellos elementos implicados en la cadena. Desde el propio ciudadano/usuario/cliente, pasando por todos los intermediarios, hasta la propia empresa, o el sistema legal que da forma a la libertades y obligaciones de cada uno de ellos.
Las implicaciones de un sistema de datos histórico estandarizado y accesible
La lectura me lleva a pensar hasta qué punto se cumple con las regulaciones en materia de de protección de datos, habida cuenta de que la exposición se hizo de manera pública y sin intermediar ningún tipo de orden judicial, para beneficio de la reputación corporativa (y descrédito personal del cliente).
Que una compañía tenga la potestad de, en interés de proteger su reputación, sacar a la opinión pública datos de hábitos y acciones que a priori podemos considerar privados, me preocupa.
Como es el hecho de especular con un futuro escenario donde este tipo de cuantificación se aplique en todas y cada una de nuestras acciones: Sea a la hora de pedir un crédito, sea a la hora de aplicar para un puesto de trabajo, o simplemente encontrar una pareja.
Porque por un lado entiendo que esto ocurrirá de manera unilateral (es decir, que la empresa o stakeholders lo aplicarán así cuando a ellos les interese, quedando quizás en fuera de control del propio usuario o de terceros, sino hay mediación judicial de por medio), y por otro, el escenario contrario (que cualquiera pueda acceder a ello) presenta, como exponíamos esta misma semana, una verdadera revolución a cuyas implicaciones seguramente no estamos preparados.
Miles y miles de sensores alrededor nuestro que monitorizan la realidad de nuestro día a día, y que podrían, llegado al caso, ser una prueba fehaciente de un hecho. O servir de herramienta para demostrar algo que hasta ahora quedaba dentro del ámbito de la investigación judicial, cuando no directamente de la subjetividad legislativa.
Me viene a la mente el caso de aquella mujer californiana que presentó como prueba los datos recogidos de una FitBit (EN), y que acabaron por ser trascendentes a la hora de emitir un veredicto, y me pregunto si esto no acabará de alguna manera con la intencionalidad esperable en el ser humano, pese a las limitaciones con las que cuentan este tipo de sistemas.
Ya no hablamos de meras cámaras de seguridad, de un tracking vía red móvil.
Hablamos de sistemas físicos capaces de analizar, almacenar y explotar masiva y sistemáticamente las acciones de cada persona, variables biológicas incluidas, a las cuales se está dotando de una suerte de objetividad absoluta.
En ese mismo escenario donde la tecnología, pese a presentar a priori un sistema mucho más eficiente, es bloqueada por colectivos e industrias interesadas en mantener el statu quo.
Es el caso del mundo de la economía colaborativa, y esa guerra abierta que en algunos países (España entre ellos) mantienen los colectivos de Taxis con Uber, los hoteles con Airbnb o la propia industria del servicio con aplicaciones de segunda mano como Wallapop.
Con un discurso prácticamente semejante, aludiendo a que este tipo de servicios favorecen la economía sumergida.
Sin embargo, la realidad es justo la contraria, puesto que mientras un taxista puede decidir, unilateralmente, no declarar lo facturado (descontando viajes de trabajo, el grueso de los usuarios no piden factura y mucho menos la presentan como gasto), en un sistema como el de Uber toda transacción queda registrada, y el organismo competente (Hacienda en nuestro caso) podría pedirle acceso a esa base de datos en cualquier momento.
Hay de facto un registro profundamente neutral que sacaría a relucir cualquier intento de fraude por parte del trabajador (o la compañía), cosa que es materialmente imposible de realizar a el entorno tradicional, pese a que éste está a priori sujeto a una regulación mucho más férrea (no hay un sistema de monitorización estándar y accesible), y que generalmente se aplica por igual al entorno de los alquileres de piso y/o la venta de productos de segunda mano.
Bajo este escenario, en el que es posible medir y cuantificar el mundo físico; en el que de manera automática se registra y analiza información crítica de hábitos de consumo, quizás sea hora de plantearse hasta dónde podemos considerar un dato de dominio público, y qué uso puede darle un intermediario, la propia compañía o el propio usuario, del mismo, como prueba inequívoca de un hecho.
Nada que no nos planteáramos ya hace unos años. Pero ahora no mirando únicamente al futuro, sino también al presente.
En este caso, la persona que ve violada su intimidad es la que debe denunciar, o, que se actue de oficio. En la práctica, las empresas hacen lo que les apetecen, actuan impunemente por que nadie les va a aplicar la ley. A mi me da la sensación, al igual que a ti, que han revelado datos, ya han cometido un delito (falta o lo que sea)
En cuanto a que todo quede registrado es siempre el objetivo del que vigila, tenernos bien controlados, saber si nos hemos movido, si hemos tirado un papel al contenedor del plástico o saber si hemos escupido en la calle, cuanto mayor es la presión y el control ejercido sobre el ciudadano más dócil se vuelve. ¿Y quien controla al que controla? Ese es el problema, que no lo controla nadie, y no concibo un control sin que se controle al controlador, pero no está en nuestras manos
Es un tema espinoso, sin lugar a duda. Muy interesante la reflexión. Tomo nota!