ofuscacion informacion corporativa

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El poder de las grandes tecnológicas no solo radica en su capacidad para innovar y dominar mercados, sino también en sus estrategias para evitar rendir cuentas ante posibles litigios.

En los últimos años, OpenAI y Google han protagonizado casos en los que han sido acusados de ofuscar información de manera deliberada para dificultar investigaciones y evitar problemas legales. Estas tácticas no solo generan frustración en las partes afectadas, sino que también representan una amenaza para los derechos de los ciudadanos y la justicia.

Vamos a hablar de estos dos casos.

El caso OpenAI: la desaparición accidental de pruebas

Empecemos hablando de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. La misma que ha pasado de ser una fundación sin ánimo de lucro a convertirse en un gigante tecnológico con ánimo de lucro (una empresa) justo tras sacar al mercado su primer producto exitoso. Este cambio no solo ha generado controversias éticas, sino que también ha expuesto a la compañía a demandas por infracción de derechos de autor.

Uno de los casos más recientes involucra a The New York Times y otros medios, que acusan a OpenAI de usar sus artículos sin autorización para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

De este tema ya hablamos por aquí largo y tendido, y he de reconocer que tengo sentimientos encontrados.

Pero no quería centrar el tiro en esto, sino en el modus operandi de la empresa.

A saber…

Para sustentar sus acusaciones, los equipos legales de los demandantes dedicaron más de 150 horas a analizar los datos de entrenamiento de OpenAI, buscando evidencias concretas. Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando, el 14 de noviembre de 2024, OpenAI informó que los programas y resultados almacenados en una de las máquinas virtuales utilizadas para el análisis habían sido «borrados accidentalmente».

¡Qué casualidad, oye!

Aunque OpenAI aseguró haber recuperado parte de la información, esta carecía de estructura y nombres de archivos claros, lo que la hizo prácticamente inútil para fines legales.

Los demandantes consideran este acto como algo más que un error técnico. De hecho, han solicitado al juez que obligue a OpenAI a repetir las búsquedas, evitando que las partes afectadas asuman nuevamente los costos y esfuerzos invertidos.

Este incidente pone de relieve un problema creciente: la falta de transparencia y las posibles tácticas dilatorias de empresas que, bajo una fachada de innovación, terminan actuando como actores corporativos que priorizan su protección legal a toda costa.

El caso de Google: décadas de secretismo corporativo

Si bien el caso de OpenAI podría ser visto como un ejemplo reciente, Google lleva más de una década perfeccionando este tipo de estrategias para evitar la creación de un rastro documental que pueda comprometerlo en futuros litigios.

¿Cómo?

Pues en varias líneas (EN).

Mensajes efímeros y confidencialidad mal entendida

En 2008, Google enfrentaba múltiples demandas y el escrutinio de organismos reguladores debido a un acuerdo publicitario con Yahoo y otras disputas relacionadas con patentes y derechos de autor. Ese mismo año, la empresa implementó una política confidencial que instruía a sus empleados a «pensar dos veces» antes de escribir sobre temas sensibles.

Entre las tácticas destacadas se encuentran:

  • Mensajes efímeros: Google configuró herramientas como Google Chat para que las conversaciones fueran eliminadas automáticamente después de cierto tiempo, salvo que los empleados activaran manualmente el historial.
  • Abuso del privilegio abogado-cliente: Los empleados incluían a abogados en correos electrónicos, incluso sin cuestiones legales de por medio, para proteger las comunicaciones bajo la confidencialidad legal.
  • Prohibición de términos específicos: Se vetó el uso de expresiones como «predominio de mercado» o «cuota de mercado», con el fin de evitar interpretaciones que sugirieran prácticas monopolísticas.

Estas tácticas no tardaron en generar sospechas entre las autoridades regulatorias. Durante las investigaciones antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), se reveló que Google había destruido decenas de miles de documentos o los había protegido bajo dudosos pretextos legales.

El fallo de los jueces

El secretismo de Google no pasó desapercibido para los jueces:

  • James Donato, del Distrito Norte de California, describió las prácticas de Google como «una cultura sistemática de supresión de evidencia relevante».
  • Leonie Brinkema, de Virginia Oriental, lamentó que «una cantidad terrible de pruebas probablemente fue destruida».
  • Amit P. Mehta, del Distrito de Columbia, criticó abiertamente a Google por evitar intencionadamente la creación de pruebas documentales, calificando estas acciones como un «aprendizaje» de las lecciones del caso Microsoft en los años 90.

Aunque Google cambió su política en 2023 para conservar todas las comunicaciones de forma predeterminada, los empleados encontraron rápidamente formas de eludir estas medidas, utilizando aplicaciones externas como WhatsApp con mensajes autodestructivos.

Consecuencias para la justicia y la sociedad

Estos casos ilustran un patrón alarmante en el comportamiento de las grandes tecnológicas: un esfuerzo consciente por evitar la rendición de cuentas. Si bien las empresas argumentan que estas políticas buscan proteger la confidencialidad y eficiencia, en la práctica suelen emplearse para dificultar investigaciones y mantener una posición de poder.

Y recalco que el impacto de estas tácticas va más allá de los tribunales. Al ofuscar información, estas empresas no solo complican la labor de los reguladores, sino que también erosionan la confianza pública.

Cuando se permite que estas prácticas continúen, se sienta un precedente peligroso que atenta contra los derechos de los ciudadanos y la transparencia corporativa.

El desafío de las instituciones y la respuesta de la sociedad

Ante este panorama, las instituciones regulatorias y judiciales se enfrentan un desafío importante: ¿Cómo garantizar que las grandes corporaciones no estén por encima de la ley?

La decisión del juez Mehta de declarar a Google como un monopolio en el mercado de búsquedas online en 2023 es un paso en la dirección correcta, pero es evidente que queda mucho por hacer.

Por otro lado, la sociedad también juega un papel clave. Es fundamental que exijamos mayor responsabilidad a estas empresas y que apoyemos a las organizaciones y medios que denuncian sus malas prácticas. Solo así podremos combatir esta «psicopatía corporativa» que, lejos de ser aislada, parece estar profundamente arraigada en la cultura de estas compañías.

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