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En teoría, la regulación debería servir para proteger los derechos de los ciudadanos, fomentar la competencia justa y evitar abusos de poder.
Sin embargo, en la práctica, cada vez vemos más ejemplos de cómo se está utilizando para restringir la libertad de expresión, favorecer intereses políticos y económicos, y poner trabas a la innovación.
¿Que por qué lo digo?
Vamos a analizar cuatro historias recientes que demuestran cómo la regulación, lejos de ser una solución, se ha convertido en parte del problema.
El Observatorio de Derechos Digitales: ¿quién decide qué es verdad?
Nuestro querido presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado (ES) la creación del Observatorio de Derechos Digitales, un organismo público-privado financiado con fondos europeos que, según el Gobierno, servirá para garantizar que los derechos y libertades se respeten en redes sociales. Pero en su discurso, el presidente fue más allá, describiendo las plataformas digitales como «campos de batalla» donde prolifera la desinformación y el discurso de odio.
Vamos, justo lo mismo a lo que se dedican los de su profesión :D.
Lo preocupante no es solo la retórica alarmista, sino la falta de claridad sobre quién determinará qué es verdad y qué es mentira. Según los datos oficiales, el observatorio contará con 280 expertos y la colaboración de 177 entidades, pero ¿qué garantías tenemos de que no se convertirá en un aparato de censura al servicio del poder?
Ya te digo yo: Ninguno.
Más bien todo lo contrario.
Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de Sánchez de «terminar con el anonimato» en redes sociales.
No vaya a ser que encima de que puedas decir lo que quieras, lo puedas hacer sin identificarte con tu documento del DNI en la boca.
¡Habrase visto tamaña osadía!
Sin embargo, como recuerdan desde el Instituto para la Digitalización Democrática, y ya puestos, lleva años un servidor recordándolo también por estos lares, el anonimato ya está regulado: para abrir una cuenta en cualquier plataforma se requiere un número de teléfono, y las autoridades pueden acceder a esa información.
Obligar a los usuarios a identificarse públicamente solo los expone a más riesgos, como el acoso o la persecución por sus opiniones políticas.
A tener un sistema más censor.
Fíjate tú, lo miso que quiere nuestro querido presidente.
El proteccionismo contra Temu y Shein: cuando la regulación favorece a unos sobre otros
Y de un presidente socialista, a un presidente populista.
El comercio electrónico chino está en la mira de Estados Unidos. El presidente Donald Trump impuso recientemente un arancel del 10% a los productos importados desde China (EN), afectando directamente a plataformas como Temu y Shein. Además, se ha desactivado el mecanismo «de minimis», que permitía la entrada de pequeños paquetes sin pagar aranceles elevados.
Las autoridades estadounidenses justifican estas medidas en la necesidad de proteger la economía nacional, pero lo cierto es que esto solo favorece a las grandes corporaciones locales a costa de perjudicar a los consumidores (los ciudadanos, por si no se ha entendido), que ahora tendrán menos opciones y precios más altos. Esta situación recuerda a la que se vivió en España con el «paquete IVA del comercio electrónico», que complicó la importación de productos asequibles desde China en favor de los minoristas tradicionales.
En este caso, la regulación no protege a los ciudadanos ni fomenta la competencia: solo sirve para favorecer a ciertos actores económicos mientras penaliza a los consumidores y a las empresas extranjeras.
Y a medio/largo plazo, no favorece a nadie. Más bien todo lo contrario.
Pero bueno, qué sabré yo…
La ley de IA de la UE: buenas intenciones, consecuencias imprevistas
Nos hemos metido con el gobierno de España, con el de EEUU, pues toca el de la EU.
Europa avanza, como ya sabes, en la aplicación de su Ley de Inteligencia Artificial, un marco regulador que busca limitar los riesgos de ciertas tecnologías y evitar abusos.
Como no sabemos, al parecer, competir en innovación o en producción, pues lo hacemos en regulación, que al parecer eso debe ser igual de lucrativo…
La ley prohíbe algunas «prácticas de IA peligrosas» y establece sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% de los ingresos anuales de las empresas que incumplan.
Si bien el objetivo parece legítimo, la realidad es que esta regulación podría terminar perjudicando a las startups y empresas europeas, que ya de por sí compiten en desventaja frente a gigantes como OpenAI o Google. Mientras en EE.UU. y China se fomenta el desarrollo de la IA con menos restricciones, Europa se impone limitaciones que pueden hacer que el continente pierda la carrera tecnológica.
Bueno, más bien que la siga perdiendo, quiero decir.
En lugar de incentivar la innovación y crear un entorno propicio para el desarrollo tecnológico, la UE está estableciendo barreras que podrían convertirla en un mero consumidor de tecnologías creadas en otros lugares.
Luego nos sorprenderemos…
La huella digital pesa, como he dejado constancia por aquí a lo largo de múltiples años.
Dos casos recientes han demostrado que las redes sociales no olvidan y que los errores del pasado pueden perseguir a una persona durante años. La columnista Barbijaputa está siendo juzgada (ES/por cierto, pese a que el anonimato sigue siendo una opción en redes sociales, Pedrito) por publicaciones en Twitter de hace más de una década, mientras que la actriz Karla Sofía Gascón ha visto peligrar su carrera por comentarios racistas en redes sociales.
Independientemente de la opinión que se tenga sobre el contenido de sus mensajes, lo cierto es que estos casos reflejan un problema más profundo: ¿hasta qué punto es justo juzgar a alguien por publicaciones antiguas en un contexto digital en constante evolución? Más aún, cuando estas medidas de cancelación no se aplican de manera uniforme y parecen depender del clima político y social del momento.
Es más: lo que dijo Barbijaputa hace más de una década lo podría haber dicho yo, y seguramente cualquiera de vosotros… en aquella época en la que podíamos hacer bromas, sin tapujos, sobre la raza, el género, la religión o la cultura de cualquiera.
Las redes sociales se han convertido en una especie de tribunal popular donde no hay espacio para el matiz ni la evolución personal. En este contexto, si me preguntas a mi, el uso de la regulación para castigar opiniones pasadas no solo es desproporcionado, sino que crea un ambiente de autocensura que limita el debate público.
Que es, recordemos, lo que quiere nuestro querido presidente.
Al menos, siempre y cuando lo que se diga no vaya alineado con lo que quiere que se diga en su partido, por supuesto.
Que ellos pueden mentir sin problema.
A fin de cuentas, son políticos…
Regulación como herramienta política
Todo esto para llegar a este corolario.
Estos cuatro casos demuestran que la regulación, en muchas ocasiones, no nunca está al servicio de la ciudadanía, sino de los intereses políticos y económicos de quienes la impulsan.
Que las marionetas del poder somos nosotros, no ellos.
Ya sea para controlar la información en redes, proteger a las empresas locales de la competencia extranjera, imponer restricciones a la innovación o dictar qué opiniones son aceptables y cuáles no, la regulación se ha convertido en una herramienta de poder más que en un mecanismo de protección.
Si hoy se levantara uno de los reyes absolutistas de antaño, y vieran el poder que tiene cualquier presidente de un país democrático, probablemente le diera un ataque al corazón y se volviera a la tumba del susto.
Si realmente queremos un entorno digital más justo y seguro, debemos apostar por la transparencia, la educación y la autorregulación, en lugar de recurrir a normativas que, lejos de solucionar problemas, terminan creando otros aún mayores.
Pero, recalco, esto no va a generar titulares.
No interesa.
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