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Cuatro noticias de esta misma semana que tienen, bajo mi humilde opinión, un hilo conductor en común.

Derecho de reparación

Una primera versión del «derecho a reparar» será adoptada en la Unión Europea a partir de 2021 (EN). Eso supondrá más reglas que los fabricantes tendrán que seguir en sus productos, pero a cambio se espera que los consumidores disfruten de mayores protecciones a la hora de repararlos.

Un tema al cual ya le hemos dedicado bastantes piezas, y que es, de facto, uno de esos ejemplos perfectos de cómo la digitalización de los productos y su paulatina conectividad ha supuesto un retroceso en los derechos que históricamente teníamos cuando comprábamos un bien.

Derecho de reventa

Un tribunal francés ha dictaminado (FR) que los términos de uso de Steam, una de las plataformas más importantes de videojuegos (por ahora líder del juego en ordenador) son contrarios a la ley europea, y por lo tanto los usuarios deberían poder revender sus juegos digitales de Steam de la misma forma que ya revendían juegos en formato físico.

Sobra decir que Valve ha confirmado que apelará la decisión, y ya veremos si esto llega o no a buen puerto, pero reabre otra vez esa demanda que ya hicimos hace unos años sobre los derechos de los productos digitales.

Derecho de privacidad

Termino con dos movimientos que reman en contra de los intereses del usuario.

Por un lado, los investigadores antimonopolio del Congreso de Estados Unidos están llevando a cabo una investigación (EN) sobre los planes de Google para utilizar el protocolo de red DNS sobre TLS, que ha entrado en vigor este año por defecto en sus DNS públicos, «debido a la preocupación de que podría dar a la compañía una ventaja competitiva al dificultar que otros accedan a los datos del consumidor«. Las operadoras temen «ser excluidas de gran parte de los datos de los usuarios», porque muchas no soportan este estándar.

Que básicamente se quejan de que ahora no pueden espiar a los usuarios que utilizan las DNS de Google. ¡El acabose! Y la mejor manera que han encontrado de quejarse es argumentando que esto beneficia el ya de por sí monopolístico negocio de la gran G (cuando en la práctica cualquiera puede habilitar DNS sobre TLS, operadoras incluidas).

Por otro lado, William P. Barr, fiscal General de los Estados Unidos, y el Departamento de Justicia del país están retomando la lucha contra las comunicaciones cifradas (EN). Justo al igual que Reino Unido (EN), y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se justifican afirmando que el motivo es la lucha contra el crimen.

Básicamente la petición de EEUU y Reino Unido pasa porque Facebook genere puertas traseras en el cifrado de punto a punto que en teoría utiliza WhatsApp para permitir a las autoridades acceder a nuestras conversaciones:

«Las compañías no deben diseñar deliberadamente sus sistemas para impedir cualquier forma de acceso a los contenidos, ni siquiera para prevenir o investigar los delitos más graves». 
Dice el bueno de Barr…

Se olvidan, por supuesto, de recordar que abrir una puerta trasera en un sistema cifrado permitirá a las autoridades entrar, en efecto, pero también a cualquier otro interesado en aprovecharse de esta vulnerabilidad.

Y sí, terroristas incluidos.

Ergo que ya no solo tenemos que preocuparnos de que estos dos gobiernos, que han demostrado por activa y por pasiva NO SER FIABLES, puedan acceder a nuestras conversaciones, sino que cualquiera a partir de entonces podrá hacer lo mismo.

Cuatro ejemplos de cuestiones que están sobre la mesa de uno u otro gobierno, y que involucran de una u otra manera el futuro de nuestros derechos digitales.

Si crees que la política no es importante en tu día a día, lamento decirte que estás muy equivocad@…

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