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El otro día tuvimos una bonita conversación en la reunión virtual de los miembros del club sobre si lo que tenemos por aquí por Occidente es una democracia, o es otra cosa.
El señor que defendía tamaña osadía, cuyo nombre no diré en público (aunque de seguro lo tendremos por aquí comentando la jugada en cuanto vea esto) defendía que el ir a votar cada cuatro o cinco años a un partido distaba mucho de ser democracia. Que a él (ni a ti, ni a mi) se nos consulta para nada más, incluyendo quién, si es que el partido sale victorioso y/o llega a acuerdos con otros partidos, acabe gobernando.
Contra tal herejía, hay poco que se le pueda cuestionar, aunque, y aquí entra mi punto de vista, veo complicado que el pedir opinión al grueso de la sociedad para cada tema ofreciera unos resultados más halagüeños para todos.
A fin de cuentas, la plebe sigue siendo la plebe, y estamos influenciados por una manipulación, sea consciente o inconsciente, que harían que el poder acabase, indistintamente, en las mismas pocas manos.
Sin embargo de esto no va el artículo de hoy, sino de un tema aledaño que sí me parece de mayor calado (aún).
Hablo del caso Podchasov Vs Rusia (EN/PDF).
Uno que, si me lo permites, creo que ejemplifica a la perfección esas sutiles diferencias entre vivir en esta «democracia» entrecomillada, y hacerlo fuera de ella.
Telegram no debería ser privado
Remontémonos a 2017, cuando algún capo gordo del servicio de seguridad federal ruso cayó en la consideración de que había una app de mensajería instantánea cada vez más exitosa incluso fuera de las fronteras del Kremlin, y que a diferencia del resto, tenía al menos lazos patrios.
Así, imitando a nuestra querida EEUU, pidió que se le facilitara al gobierno la información técnica necesaria para descrifrar comunicaciones de un usuario en la plataforma.
La historia ya la conocemos: Telegram fue multada al negarse a ofrecer las claves de descifrado, su creador, por lo que fuera, decidió «irse de vacaciones» para no volver nunca de su país, y la app acabó bloqueándose oficialmente (aunque hoy en día sigue siendo muy usada por sus ciudadanos, todo sea dicho).
El tema interesante es que varios colectivos de usuarios demandaron al Kremlin asegurando que esa petición por parte de las autoridades violaba su derecho a comunicarse y mantener una vida privada.
¿Cuál fue la respuesta de los «neutrales y objetivos» jueces rusos? Pues desestimar cada uno de los juicios, al considerar que, y cito textualmente, «el suministro de las claves no suponía de facto que el Gobierno fuera a darles un uso general».
Vamos, que si en esta vida no te puedes fiar de un agente del FSB ruso, no te puedes fiar de nadie…
Eso y que, de nuevo, aprendiendo de los estadounidenses, si se requerían las claves era para luchar activamente contra el terrorismo.
Ya sabes, considerando terrorismo cualquier tipo de ataque contra el Gobierno (que no contra sus ciudadanos), como puede ser algo tan sumamente grave como que dos hombres o dos mujeres se acuesten juntos.
De juicios nacionales a la corte internacional
Hablamos de 2019, y por aquel entonces Rusia todavía formaba parte de la mayoría de organismos supranacionales.
Así pues, uno de esos casos, defendido por el bueno de Anton Valeryervich Podchasov, acabó en el Tribunal de Estrasburgo.
Lo que nos lleva a nuestros días, y es que el Tribunal de Derechos Humanos ha sentado dictamen, asegurando que romper la privacidad de las comunicaciones atenta directamente contra los Derechos Humanos.
Y aquí es donde quería llegar.
¿Qué pasa entonces en Rusia, qué pasa entonces en la UE?
¿Qué impacto ha tenido la decisión de la Corte Internacional en Rusia?
Pues nada, por supuesto. La app sigue oficialmente bloqueada en el país (aunque recalco que con poco éxito), y hay dudas sobre si la versión que usan en la zona no venga «adulterada» tras las numerosas y sospechosas compras que hubo de la app, y que acabó haciendo que su fundador se separara del proyecto.
Sin embargo, en Europa esta decisión sí ha tenido impacto, y es que el Parlamento Europeo finalmente ha rechazado Chat Control, el programa con el pretendía seguir la estela de «los grandes» y obligar por ley a las empresas de servicios digitales a ofrecer puertas traseras en sus ecosistemas.
Lo que me lleva al principio de este artículo.
Cierto es que las democracias actuales no son, ni de lejos, lo que a muchos nos gustaría que fueran.
Pero oye, dentro de sus muchas limitaciones, funcionan mejor que la alternativa en temas de calado, como este que nos compete hoy.
A fin de cuentas, el que tenga que haber más ojos (y más bolsillos) en juego limita el impacto que puede haber por parte de un agente en particular.
Hay muchos más intereses representados (aunque no estén todos los que nos gustaría), y aunque esto también supone aceptar mayor burocracia y por tanto, mayores tiempos de espera, también suele acabar primando el interés general.
O, al menos, el más moderado de los intereses en juego.
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