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Negocios Seguros
Por estos lares hemos ya hablado multitud de veces sobre la brecha digital. Ya sabes, ese paradigma que estudia por qué algunos colectivos se quedan atrás dentro de la revolución informativa de nuestra era, y el impacto que ello tiene no solo a la hora de encontrar trabajo, sino inclusive de prosperar en la vida, sea social o hasta sentimentalmente.
Por ello, me gustó leer la pieza del MIT en la que hablaban del caso de Marvis Phillips (ES):
Antes de que el activista comunitario Marvis Phillips tuviera una conexión a internet en su piso de 18 metro cuadrados en San Francisco (EE. UU.), dependía del ordenador portátil de un amigo para llevar a cabo sus prolíficas campañas de redacción de cartas.
Phillips escribía cada carta a mano y las enviaba por correo, luego su amigo las mecanografiaba y mandaba los mensajes por correo electrónico y con formularios de comentarios online a los supervisores municipales, a las comisiones de planificación, a las autoridades estatales y a los representantes del Congreso estadounidense a quienes llevaba expresando sus opiniones desde hace más de 40 años.
Durante décadas, Phillips ha vivido en el edificio Alexander Residence, compuesto por 179 viviendas sociales donde, en teoría, el acceso a internet debería ser algo evidente: se encuentra a solo unas manzanas (EN) de las sedes de empresas como Twitter, Uber y Zendesk. Pero dado que sus ingresos fijos provienen principalmente de las prestaciones de la seguridad social, Phillips no podía pagar los costes de la conexión de banda ancha ni del dispositivo que necesitaba para conectarse.
El tema me pareció verdaderamente interesante porque frente a todo pronóstico, el caso de Marvis Phillips no es ni de lejos el único.
Es más, según los datos de la alcaldía de San Francisco (EN), 100.000 residentes, incluidos muchos mayores de 60 años, aún no tienen internet en casa. Además, los datos de Pew Research Trust muestran que, en 2019, solo el 59 % de las personas mayores en todo el país tenían banda ancha en su hogar (EN), una cifra que se reduce aún más entre las personas con menores ingresos y niveles educativos, y cuyo idioma principal no es el inglés. Asimismo, la Oficina del Censo de EE. UU. estima que uno de cada tres hogares de personas con 65 años o más no tiene un ordenador (ES).
Los precios de los planes de banda ancha en Estados Unidos cuestan una media de 55 euros al mes (disclaimer: en España el precio es aún mayor), según el informe de 2020 de New America Foundation (EN), en comparación con los entre 8,5 euros y 12,5 euros que algunos estudios sugieren como precio asequible para hogares de bajos ingresos (EN).
Y aquí viene lo interesante:
Todo eso demuestra cómo la política de banda ancha se ha centrado en una métrica equivocada. En vez de centrarse en si las personas cuentan con la infraestructura de banda ancha, la métrica debería ser mucho más sencilla:
«¿La gente lo tiene en sus casas?»
Es aquí a donde quería llegar.
Si esto se tuviera en cuenta, la brecha digital entre lo rural y urbano sería algo diferente. De acuerdo con el estudio del investigador principal del Technology Policy Institute, John Horrigan (EN), en 2019 había 20,4 millones de hogares estadounidenses sin banda ancha, pero la gran mayoría eran urbanos: 5,1 millones estaban en zonas rurales y 15,3 millones estaban en ciudades.
Lo cual entra justo en conflicto con la mayoría de políticas de conectividad esgrimidas tanto en EEUU como en el resto de países occidentales.
El problema de la brecha digital no se soluciona únicamente tirando más cable que llegue a la gente que vivimos en pueblos perdidos de la mano de Dios, sino encontrando la manera de subvencionar el pago de estos servicios según la capacidad financiera de cada núcleo familiar.
Algo que, por cierto, con esta digitalización forzada que hemos sufrido desde el año pasado con la pandemia se hace aún más dañina:
Quinientas páginas de estas quejas se publicaron el año pasado después de una solicitud de registros públicos de The Daily Dot. Entre ellas se encontraba una madre que explicó que la pandemia la estaba obligando a tomar unas decisiones imposibles. A pesar de la promesa de que no se quedaría sin conexión a internet por falta de pago, se la cortaron.
La mujer escribió: «Tengo cuatro niños que van a la escuela y necesitan internet para hacer sus trabajos escolares online. Pagué mi factura de 221 dólares (185 euros) para volver a activar mis servicios. Era el último dinero que me quedaba y ahora no tengo con qué comprar comida para la semana».
Por ponerme de ejemplo, actualmente nosotros pagamos en España 120 € mensuales por un ADSL, una fibra y cuatro télefonos móviles. Y los pagamos bien contentos (menos cuando la conexión va a pedales). Pero 120 euros para una familia que lo está pasando mal es muuuucho dinero.
Si para colmo esa commodity pasa a ser una obligación (sin Internet en casa los padres no pueden trabajar/buscar trabajo ergo no traen dinero al núcleo familiar, y los hijos no pueden seguir las clases ergo están en desventaja académica frente al resto de chicos de su edad), empieza a volverse un problema en el momento en el que tienes que decidir entre comer o tener conexión.
Y si a esto le añadimos que la vida en los grandes núcleos urbanos es más cara, y que por lo que se ve, al menos en EEUU, es donde principalmente hay mayor número de ciudadanos sin acceso a red (no porque no tengan la infraestructura, ojo, sino porque no pueden pagarla), tienes el caldo de cultivo perfecto para el desastre.
¿Quién dijo que el futuro pasaba por vivir en las capitales? :D.
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