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Negocios Seguros

En 2014 escribía una pieza sobre lo que sin lugar a dudas era el ejemplo perfecto de lobbismo anti-evolución. Por aquel entonces, la guerra estaba servida entre aquellos negocios basados en la intermediación monopolística, y aquellos nuevos negocios basados en la intermediación digital. Los primeros, como es normal, querían que todo siguiera como antaño, y los nuevos reclamaban un espacio, a sabiendas de que su servicio llevaba décadas siendo demandado por la ciudadanía.

Estamos en pleno 2019 y seguimos exactamente igual. Con los gobiernos de Barcelona y Madrid expulsando nuevamente a servicios como Uber, y penalizando de forma desmesurada a otros como Cabify, para que artificialmente sean menos rentables que el lobby de los taxistas. Proteger a aquellos que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, vaya.

Básicamente, Ada Colau en Barcelona se sacaba de la manga hace unos meses una normativa que obligaba a estos conductores de empresas basadas en la economía colaborativa tener, además de una licencia VTC (necesaria para trabajar profesionalmente como conductor privado) otra licencia extra. Ergo, más dinero para las arcas. Algo que, de hecho, el Ministerio de Fomento ha considerado sancionar ya que según sus trabajadores «excedía de las competencias del Ayuntamiento» (ES).

Como el órgano nacional no está por la labor, lo mejor es saltárselo. Así que a partir de ahora las regulaciones de este tipo de servicios corren a cargo de cada Comunidad Autónoma

Hace dos semanas, el taxi de Cataluña exigía a la Generalitat la reforma esperada desde septiembre. Tras una huelga indefinida, que terminó en apenas unos días, el taxi conseguía su objetivo: echar a Uber y Cabify de sus calles. Los usuarios de estos servicios deben reservar con 15 minutos de antelación, ampliable a una hora según el Ayuntamiento de Barcelona, y los vehículos están obligados a volver a las cocheras, junto con la imposibilidad de geolocalizar los vehículos en la aplicación

Vamos, volver absurdo el servicio. Volverlo peor artificialmente.  

Por su parte, en Madrid, el caos sigue servido. No hay manera de que el taxi y la Comunidad de Madrid sellen un acuerdo favorable por ambas partes. Por un lado, el taxi quiere las mismas condiciones que Cataluña, y la Comunidad no quiere regular las VTC. 

Lo que me lleva de nuevo a recomendar esa pieza que escribía en 2014, y que viendo lo poco que ha cambiado el sector desde entonces, bien podría parecer que la he escrito hoy mismo:

El peso inevitable de la evolución tecnológica (caso Uber – Google)

1474, Italia. En pleno cambio de era (del final de la Edad Media a principios de la Edad Moderna) se firma el Estatuto de Venecia, con el que se pretende por primera vez en la historia proteger la actividad inventiva frente a copias de terceros.

1710, Reino Unido. En vista del desbarajuste que permitía a cualquier dueño de una imprenta sacar como churros libros al mercado, se firma el Estatuto de la Reina Ana, más conocido como la “Ley para el Fomento del Aprendizaje”, que fija un derecho al autor sobre la obra (más adelante también sobre obras derivadas).

Dos decisiones cuyo objetivo era socialmente aceptable. Fomentar el aprendizaje y la innovación, incentivar la creación de conocimiento.

Las patentes surgían entonces como un elemento de control beneficioso, que con el tiempo, se ha vuelto nocivo. Hay negocio detrás del patentado, del copyright, y por tanto, surgen los corralitos.

Como comentaba hace tiempo, la Royal Society of Arts montó en el siglo XVIII unos premios que (valga la redundancia) premiaban a inventores e investigadores que abogaban por liberar su conocimiento a la sociedad, sin el absurdo miedo a la copia, retomando los principios que rigieron estos controles iniciales.

Ya de vuelta en nuestros días, observados espantados el abuso de poder de gobiernos y lobbies sectoriales por mantener el conocimiento enjaulado, por frenar la evolución del mercado.

Ese juez que como medida cautelar (ojo, medida cautelar (EN), no una resolución drástica e inmutable) señala a Uber como ilegal en España. Ese gobierno, sicario del lobby mediático, que fuerza a Google News a desaparecer del .es (ES).

Cuando la imprenta surgió, la Iglesia Católica la tachó de herramienta del Diablo. De una máquina maligna que conllevaría el fin de la humanidad, tergiversando las palabras del Señor.

Cuando internet se abrió al mundo, hubo firmes detractores que temían que con ello la información se perdiera, que el conocimiento pasase a un segundo plano.

Economía colaborativa, crowdsourcing, compartición. La historia se repite en la actualidad, y como decía, va a acarrear el mismo desenlace.

No se puede luchar contra la innovación, cuando las ventajas de esta superan a sus inconvenientes.

El problema de Uber, o de Blablacar, o de Airbnb, es que ofrecen unos servicios que ponen nerviosos al mercado. Dan solución a una necesidad (la de economizar viajes o espacios) dotando al usuario de a pie de una plataforma para realizar transacciones descentralizadas.

No hay por tanto un gobierno central que lo monopolice (lo que no quita que haya una gestión de las transacciones), una asociación de taxistas o un ayuntamiento que se lleve absurdas comisiones por repartir licencias. Y eso pone nerviosos a los que llevan toda la vida viviendo del trabajo de otros.

Pone nerviosos a los trabajadores de ese antiguo mercado, que aquí son lamentablemente las víctimas. Taxistas, autobuseros y hoteleros, que de la noche a la mañana, se dan cuenta que ese mercado (sus clientes) que llevan años demandando algo que no había, ahora cuentan con los medios para organizarse. Que todos esos extenuantes trámites que tuvieron que pasar ahora ya no son necesarios, y que unos recién llegados ofrecen un servicio mejor saltándose a los intermediarios.

Pone nerviosos a los intermediarios, que estos sí, se encuentran con que su negocio ya no tiene sentido. Y atacan de la forma que siempre les ha funcionado, con lobbismo. Esas discográficas, esa industria del cine y de la imprenta, quejándose al gobierno de turno por lo injusto que es que alguien se les esté saltando.

¿Por qué debería cambiar yo (se preguntarán), cuando desde tiempos inmemoriales esto ha funcionado bien de esta manera?

Porque los tiempos, amigo mío, han cambiado, y los clientes de entonces no son los de ahora.

Pues penalicemos el enlace, porque de algún sitio tengo que cobrar las pérdidas que ese internet me esté ocasionando.

No, señores de AEDE, el problema es sencillamente vuestro, no de Internet. De no saber actualizaros, de no entender que ahora el cliente está en Spotify o Netflix, y que si en nuestro país no pueden usarlo, se irán a Series.ly o SeriesPepito, y que si estas cierran, nos iremos a PeliculasChingonas o nos montaremos servidores descentralizados en Plex, lejos de vuestro férreo control.

Y por último, pone nerviosos al gobierno, que bajo la presión inevitable de la evolución tecnológica, encuentran en esos medios arcaicos la manera de tejer su red de corrupción.

Hoy hago caso y firmo leyes por la vía rápida, sin posible respuesta de los ciudadanos, a cambio de que mañana, sea usted más transigente al tratar la noticia del blanqueo de capital de X caja de ahorros, o de X partido político. A cambio de que usted subvencione mi campaña.

El problema es que esto solo alarga la muerte. No hay freno posible a la evolución. No hay freno posible al conocimiento.

Si no es Uber, será otra, pero el mundo del taxi tal cual lo hemos conocido tiene los días contados. Si no es Blablacar, será otra, pero la compartición de gastos en viajes es ya una realidad, que hará peligrar (quizás) el negocio del transporte interprovincial. Si no es Netflix, será otra, pero la industria del cine y la televisión no está supliendo la demanda real de usuarios que SÍ queremos pagar algo aceptable por ver lo que queramos cuando queramos y en el dispositivo que queramos. Porque internet seguirá siendo un lugar donde compartir, le pese a quien le pese, y por mucha reforma exprés y derecho irrenunciable que el gobierno se saque de la manga.

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